BARCELONA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
Organizaciones de juristas catalanes y profesionales del resto del España expresaron hoy su "profunda preocupación por la constante agresión a instituciones básicas del estado democrático y del derecho consagrado a la Constitución", según señalaron hoy en un comunicado conjunto.
Las entidades sostienen que "en la excarcelación de condenados por terrorismo bajo la vigencia del Código Penal de 1973, se quiere hacer creer que ha habido una aplicación desviada del derecho, allí donde sólo hay respeto al principio de legalidad y de irretroactividad de las normas sancionadoras desfavorables".
En su opinión, "se esconde que en Código Penal de 1995 ya permite el cumplimiento íntegro de condenas de hasta treinta años y la reforma de 2003, hasta cuarenta", pero que con tales magnitudes --en todo caso cuestionables desde la perspectiva de la reinserción que proclama la Constitución-- hay que esperar mucho años para ver su aplicación".
EL PP PERSIGUE "DESPRESTIGIAR AL MINISTERIO FISCAL".
En cuanto la acumulación de condenas para calcular su duración, el manifiesto conjunto indica que "la Fiscalía del Tribunal Supremo no ha hecho nada más que aplicar la ley y la interpretación jurisprudencial consolidada". A su juicio, Ángel Acebes (PP) "critica cínicamente y sin pudor esta interpretación ya tradicional, que el mismo Partido Popular ha incorporado al artículo 76.2 del Código Penal, en su reforma de 30 de junio de 2003".
En este sentido, consideró que el objetivo del PP "no puede ser otro que desprestigiar al Ministerio Fiscal en el cumplimiento de su función constitucional de defensa de la legalidad, atribuyéndole ni más ni menos que la concesión de beneficios ilegales, al servicio de una supuesta negociación política con el terrosismo".
Para los juristas catalanes, "la utilización descarada del terrorismo con finalidades electoralistas, además de manipular el dolor de las víctimas y el rechazo unánime de la sociedad española, ha llegado hasta el cuestionamiento de la división de poderes".
A su juicio, "se lanza el mensaje de que la aplicación de las leyes penales depende del Gobierno" y el Ejecutivo actual "no debería caer en la trampa de este argumento, anunciando actuaciones sobre las excarcelaciones ni recordando las producidas durante los Gobiernos del PP, que también supusieron la aplicación de la ley vigente".
El CGPJ "HA LLEGADO AL MÁS ALTO NIVEL DE DESPRESTIGIO".
El comunicado señala que "el Consejo General del Poder Judicial, dominado por una mayoría conservadora puesta al servicio de intereses partidistas, ha llegado al más alto nivel de desprestigio desde su creación". Indica que el CGPJ "ha intervenido en el debate sobre el proyecto de Estatut de Cataluña, con un informe descalificador que nadie le ha pedido".
Según estos expertos, "la legítima confrontación política no puede amparar la violación constante de principios que deberían ser respetados desde todas las opciones políticas". Por ello, apeló al "sentido de responsabilidad de los políticos, a la labor de los medios de comunicación en la información veraz que contrarreste la demagogia y a todos los juristas en la defensa del estado de derecho".
Entre los firmantes del manifiesto figuran la Asociación Valenciana de Juristas Demócratas, Jueces por la Democracia (sección territorial de Cataluña), Unión Progresista de Fiscales, Unión Progresista de Inspectores de Trabajo, Juristas sin Fronteras, Justícia i Pau, Asociación de Mujeres Juristas, Instituto de Derechos Humanos de Cataluña y Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos.
También lo suscriben la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, Grupo de Abogados Jóvenes del Colegio de Abogados de Barcelona, Grupo de Estudios de Política Criminal, Observatorio del Sistema Penal y de los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, Xusticia e Sociedad de Galicia y Asociación Derecho y Democracia de Andalucía.
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