Los partidos insisten en acusar individualmente en el 'caso Mediador' mientras 'Tito Berni' pide multiplicar sus fianzas

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han recurrido ante la Audiencia Provincial de Tenerife para pedir que corrija la decisión de la juez que investiga el 'caso Mediador' de unificar las acusaciones populares, con la intención de que les permita actuar de forma individual, mientras que el principal imputado, el ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias 'Tito Berni', ha instado a la instructora a subir a 6.000 euros la cuantía de las fianzas exigidas a estas acusaciones.

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, Ángeles Lorenzo-Cáceres, permitió que PP, PSOE, Vox, Fuerza Canaria Unida Democrática, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Organización de Usuarios y Consumidores de Agua (Aguaiuris) entraran en el 'caso Mediador' como acusaciones populares pero les impuso la obligación de actuar como una sola parte para evitar una "hipertrofia" que generara dilaciones indebidas en las pesquisas.

PP, PSOE, Vox y la AUGC pidieron a la magistrada que reconsiderara su decisión inicial, instándola a dejarles actuar por separado al considerar que no tienen intereses coincidentes en esta causa, pero Lorenzo-Cáceres se ratificó, por lo que han vuelto a impugnar elevando el asunto a la Audiencia de Tenerife, que tendrá ahora la última palabra.

Según ha avanzado 'La Razón' y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, los 'populares' reclaman poder actuar de forma "plenamente autónoma", esgrimiendo para ello que entre los fines de la formación política está "promover la regeneración democrática, ética y ejemplarizante de la vida pública" para erradicar la corrupción de las instituciones.

Además, inciden en que no se debe permitir que el PSOE actúe como acusación popular en este caso, haciendo hincapié en que varios investigados lo son por haber ejercido responsabilidades en cargos a los que llegaron por su nexo con las filas socialistas. En su recurso de reforma, al que tuvo acceso Europa Press, el PP advertía asimismo de que el PSOE podría acabar siendo responsable civil a título lucrativo.

Las mismas fuentes indican que el partido de Santiago Abascal también ha llamado a la puerta de la Audiencia de Tenerife para poder actuar en solitario, como ya hicieron el PSOE y la AUGC. Los socialistas argumentaron que para ejercer como acusación única "es preciso una suficiente convergencia de intereses, e incluso puntos de vista, en la orientación de la actuación procesal", que en este caso no se dan.

Por su parte, la AUGC planteó a la Audiencia Provincial que "forzar" una acusación unificada "supone contravenir el ordenamiento jurídico" y, en concreto, "hacer incumplir la ley a una asociación profesional de miembros de la Guardia Civil" porque tendría que trabajar de la mano con hasta cuatro partidos cuando el Código de Conducta de la Benemérita exige a sus miembros "neutralidad política".

Fuentes jurídicas aseguran que Aguaiuris también prevé presentar un recurso de apelación para solicitar a la Audiencia de Tenerife que anule la decisión de la juez y le permita ejercer la acusación de forma ajena a los partidos políticos.

4.000 EUROS MÁS DE FIANZA

Al mismo tiempo, las fuentes señalan que la defensa de Fuentes Curbelo ha solicitado a Lorenzo-Cáceres que encarezca la fianza exigida a todas estas acusaciones populares para poder actuar como tal, pasando de los 2.000 a los 6.000 euros para cada una de las seis partes, basándose para ello en jurisprudencia de la Audiencia Provincial.

Se trata de los últimos movimientos del conocido ya como 'caso Mediador', donde se investiga la presunta existencia de una red encabezada por 'Tito Berni', su sobrino Taishet Fuentes Gutiérrez, el empresario canario Antonio Navarro Tacoronte y el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa.

De acuerdo con el sumario, se habrían dedicado a cobrar dinero --aunque también viajes y fiestas-- a cambio de favores políticos, con "una jerarquía perfectamente estructurada y definida, con clara división de funciones y dedicada a la comisión de delitos relacionados con la corrupción".

Las pesquisas apuntan que el grupo perseguía "un evidente fin lucrativo mediante la obtención de un enriquecimiento económico así como diferentes beneficios personales a raíz de acciones ilícitas".