Patronal andaluza cuestiona la constitucionalidad del Estatuto en materia de negociación colectiva y empleo

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Relaciones Institucionales de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Juan Salas Tornero, cuestionó la constitucionalidad de algún articulo de la proposición de Ley de reforma del Estatuto de Autonomía andaluz en lo referente a la calidad en el empleo y a las relaciones laborales, y la negociación colectiva en el sentido de que, a su juicio, "deben ser competencias del Estado e incluido en el marco constitucional".

En su comparecencia en el Parlamento andaluz en la Comisión de Desarrollo Estatutario para analizar la proposición de Ley de reforma del Estatuto de Autonomía, Salas pidió que se incluya en el Estatuto de Autonomía el reconocimiento al derecho de las empresas andaluzas a invertir en Andalucía en mejores condiciones burocráticas y que se incluya en el texto la necesidad de evaluar el impacto económico de las normas "al igual que se reconocerá el impacto en materia de género".

Salas lamentó que mientras en el anterior texto "se incluía una participación expresa de los agentes económicos y sociales en economía y ahora no aparece dicha mención y debería incluirse", tras lo que pidió que el Estatuto "cuente con el máximo consenso posible, tanto político como social".

Sobre el texto, la CEA mostró su interés de que "no hubiera procedimiento simplificado a la hora de aprobar el Estatuto", aunque consideró que este texto "es demasiado largo y casuístico y algunas cuestiones deberían haberse desarrollado a través de una Ley y no era necesario un reconocimiento estatutario".

La CEA reconoció que se hayan incluido algunas de las propuestas lanzadas en su comparecencia anterior pero cuestionó la constitucionalidad de algún artículo en lo referente a la calidad en el empleo y a las relaciones laborales y la negociación colectiva en el sentido de que, a su juicio, "deben ser competencias del Estado e incluido en el marco constitucional".

En ese sentido indicó que "jurídicamente no se sabe qué es el empleo de calidad y en el ordenamiento laboral español no existe una definición de empleo de calidad, algo que es competencia del Estado y no de la Comunidad autónoma, por lo que no parece oportuno crear una nueva figura jurídica sin que haya existido un acuerdo previo sobre su contenido ni a nivel regional ni nacional".

El representante de la CEA recordó los planteamientos ya expresados por la organización que se debían recoger en este texto como el máximo respeto a la Constitución, al principio de solidaridad y corresponsabilidad y al marco único de relaciones laborales y de la Seguridad Social".

Destacó entre los aspectos reconocidos en el texto estatutario se incluye elementos sobre el reconocimiento del diálogo social, el desarrollo industrial y tecnológico.

PAPEL EMPRESARIAL

No obstante, criticó que el articulado "no recoge en el preámbulo y se debe elevar a rango estatutario el reconocimiento del esfuerzo del empresario y la necesidad de su impulso en la sociedad andaluza, y además no sólo se debe recoger como objetivo básico el pleno empleo sino el mantenimiento y desarrollo de empresas, a lo que se une que no se haga referencia a la promoción de la capacidad emprendedora o a una defensa de la productividad".

"La palabra empresa aparece en 15 ocasiones en este texto y, si eliminamos las empresas públicas y las exigencias a empresas en el ámbito laboral y las exigencias medioambientales, la palabra empresa sólo aparece cuatro veces", agregó Salas Tornero.

Salas Tornero mostró su preocupación por el impacto de las acciones administrativas en el funcionamiento de las empresas y demandó que algún artículo, relativo al principio de actuación y gestión de competencias incluya un nuevo apartado "donde la administración de la Junta garantice la certeza económica y no haya diversas interpretaciones ni criterios de interpretación de las normas".

Pidió que el Estatuto contemple, dentro del papel de las cajas de ahorros andaluzas "ademas de estar al servicio del bienestar general también estén al servicio del desarrollo económico y empresarial de la región".

También demandó que el texto reconozca la garantía de suficiencia energética de la Comunidad, mientras que en materia tributaria, demandó que se plantee la fiscalidad ecológica "desde el punto de vista de inversión e incentivación no sólo desde perspectiva recaudatoria", y tampoco compartió la posibilidad de modulación de los fondos europeos.

Propuso además que en el Estatuto, a la hora de determinar la creación de empresas públicas se incluyan requisitos "que permitan competir en condiciones de igualdad jurídica y económica con las empresas de iniciativa privada".

Abogó porque la administración andaluza "gestione la concesión de subvenciones bajo los criterios de eficacia y celeridad y se incluya el reconocimiento del pago a proveedores en tiempo y forma".

Por su parte, los partidos políticos valoraron la aportación de los empresarios, y la portavoz del PSOE Antonia Moro aseguró que el "reconocimiento de los agentes económicos y sociales se muestra en muchos momentos y aspectos del texto", mientras que el portavoz de IU Antonio Romero mostró su sorpresa por el hecho de que la CEA "se oponga a la modulación de los fondos europeos".