Vuelven al banquillo junto a otros cinco acusados por favorecer la concesión de una licencia en terreno protegido
PALMA DE MALLORCA, 3 May. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Anticorrupción solicita cuatro años y medio más de cárcel para el exjefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx, Jaume Massot -quien en la actualidad ya cumple condena en la prisión de Palma dentro del caso Andratx-, así como seis meses para el exasesor jurídico Jacobo Rodríguez Miranda, hijo del exministro Santiago Rodríguez Miranda, quienes a partir del próximo lunes volverán al banquillo para ser juzgados junto a otros cinco acusados por la concesión de una licencia urbanística a sabiendas de su ilegalidad.
En concreto, el juicio, fijado hasta el jueves por el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial, está enmarcado en la pieza separada número 6 de este procedimiento judicial, dentro de la cual la acusación particular, ejercida por el Consistorio mallorquín, reclama por su parte diez años de prisión para Massot, sobre quien pesan presuntos delitos de prevaricación urbanística, falsedad y contra la ordenación del territorio, y dos años de privación de libertad para Rodríguez Miranda -prevaricación-.
Se da la circunstancia de que el hijo de quien fue ministro de Trabajo y Seguridad Social durante el último gobierno de UCD, ya fue condenado por este mismo órgano judicial a siete años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros dentro de otro de los flecos de la causa -el número 9-, en el que por el contrario fue absuelto Massot.
Junto a los dos inculpados serán juzgados el excelador de obras del Ayuntamiento, Jaume Gibert, y los cuatro propietarios que adquirieron una parcela ubicada en suelo rústico "con el único fin de especular y a sabiendas de que no iban a tener impedimento alguno para obtener licencia de construcción", a pesar del nivel de protección del terreno, tal y como postulan las acusaciones en sus respectivos escritos de calificación, a los que ha tenido acceso Europa Press.
Tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento, representado por los abogados Josep de Luis e Isabel Fluxà, aseveran cómo Francisco R.M, Juana María R.V, Ole Jorgen P.R. y Marianne Y.R. adquirieron el solar de Can Mena -de 887 metros cuadrados-, con el objetivo de construir en él una vivienda unifamiliar de nueva planta pese a ser conscientes de la imposibilidad legal de esta pretensión. Sin embargo, los procesados no se limitaron a ejecutar estas obras sino que a éstas se sumaron terrazas de unos 168 metros cuadrados así como unas dependencias anexas de 33,2 metros, señalan.
Las acusaciones apuntan a que tan sólo cuatro días después de la compraventa, el 16 de julio del año 2000 Gibert emitió un certificado de antigüedad para hacer constar que en el terreno existía ya una casa en ruinas de más de 100 años de antigüedad -a fin de posibilitar su reforma- a pesar de que no existía vivienda alguna. Una actuación que presuntamente llevó a cabo siguiendo "expresas órdenes" de Massot, a fin de que los propietarios pudieran solicitar licencia para la 'rehabilitación de vivienda unifamiliar aislada existente'.
Tras ello, prosiguen, Massot informó favorablemente de la licencia mientras que Rodríguez Miranda emitió asimismo un informe favorable a pesar de conocer "sobradamente la inexistencia de una vivienda que reformar". "Dada su formación en derecho y el área en la que trabajaba era obvio que no podía informar favorablemente, pues no se cumplían los requisitos necesarios ni parámetros urbanísticos previstos por la Ley", indica la acusación particular, aseverando además que el letrado asesor "es la persona encargada de velar por el cumplimiento de la legalidad vigente".
Tras todos estos trámites, la licencia finalmente fue aprobada el 3 de mayo de 2002, si bien tres años después el propio Gibert emitió acta de suspensión de las obras por no ajustarse a la licencia otorgada, según la cual iba a reformarse un inmueble ya construido en la misma zona -y que en realidad no existía- cuando finalmente fue levantada una vivienda de nueva planta.
Cabe recordar que por esta misma causa ya se encuentran en prisión tanto Massot, también exdirector general de Ordenación del Territorio, como Gibert y el exalcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo. Tanto Massot como Hidalgo cumplen condena en la actualidad en el centro penitenciario de Palma por las dos primeras piezas del caso que fueron juzgadas dentro del caso Andratx, cuya complejidad provocó la apertura de un total de 77 piezas separadas.
