ALMERÍA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio Público ha solicitado dos años de prisión para O.C.M., un constructor acusado de un delito continuado contra la ordenación del territorio por la construcción de seis viviendas en suelo no urbanizable en el municipio almeriense de Albox y que fueron adquiridas por ciudadanos británicos, quienes denunciaron la situación "irregular" en la que se encontraban.
Fuentes judiciales detallaron a Europa Press que las viviendas unifamiliares se construyeron a partir de 2003 en los diseminados de la Aljambra y La Molata, en Albox, de manera que una de ellas sólo contaba con licencia de reforma mientras que las otras cinco carecían de cualquier tipo de permiso de obras, motivo por el que el fiscal interesa además la demolición de las mismas así como una indemnización cercana a los 12.000 euros.
El acusado, que poseía varias constructoras y promotoras en la Comarca del Almanzora, fue denunciado en 2008 ante la Guardia Civil por varias de las familias británicas que adquirieron las viviendas y que, aseguraron, "no prestaban las condiciones necesarias" para ser habitadas, ya que detectaron "carencias" en cuanto a la prestación de servicios.
Así, según narró a Europa Press el abogado defensor de cuatro de las víctimas, Francisco Javier Alonso, el pasado día 8 de abril se presentó en el Juzgado de Instrucción número 2 de Huércal-Overa (Almería) para llevar a cabo el ofrecimiento de las acciones legales oportunas ante el proceso penal abierto contra este constructor.
De esta forma, desde el despacho de 'Alonso y Garrido' se indicó que en caso de que se realice la apertura de juicio oral contra el promotor, éste podría derivar en la estimación de la calificación fiscal sobre el derribo de las viviendas, por lo que interesará que se contemplen garantías civiles ante una posible indemnización para sus patrocinados.
Por su parte, la Asociación 'Abusos Urbanísticos Almanzora No' (AUAN), que agrupa a ciudadanos británicos residentes en esta comarca almeriense, informó de que los propietarios de dichos inmuebles "no saben donde encontrar" al promotor de las viviendas a quien le piden explicaciones, por lo que manifestaron su "preocupación" por "su posible falta de fondos", ante una futura indemnización en caso de que se ordene la ilegalidad de sus casas.