LUGO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
El fiscal, en sus conclusiones provisionales, pidió nueve años y un mes de cárcel para un lucense y dos marroquíes, a los que acusa de un delito de compra venta de vehículos de alta gama que previamente habían sido robados en Italia.
En el juicio que se celebra en el juzgado de lo penal número uno, la acusación pública reclamó una pena de tres años y nueve meses a David Figueroa por un delito continuado de estafa en concurso medial con los delitos de receptación y uso de documentos falsos, además de indemnizar a los compradores de tres vehículos en casi 70.000 euros.
Además, para los dos hombres de nacionalidad marroquí requirió dos años para cada uno de ellos por un delito de receptación y siete meses, también a cada uno, por uso de documentos falsos.
A estos tres imputados les atribuyen la comercialización irregular de tres vehículos y la tenencia de otros dos, en concreto dos modelos de la marca BMW que habían sido robados en Verona y Rávena en Italia, en los años 2000 y 2001.
En la vista oral, David Figueroa concretó que él compraba estos coches de alta gama a uno de los marroquíes imputados y que éste nunca le decía de donde procedían. Tras adquirir estos turismos, cuya documentación la trasladaba a una gestoría para que legalizaran la situación de los mismos y de la transferencia, los anunciaba en la prensa local o en la revista 'La Clave' para su posterior venta.
Figueroa admitió que no pedía "factura" de los coches que compraba, ni tampoco ofrecía garantías al comprador. Este inculpado reconoció que se trataba de un negocio por el que sacaba entre "250.000 y 400.000 pesetas" (entre 1.500 y 2.400 euros).
LOS MARROQUIES NEGARON SU IMPLICACION
Por su parte, los dos marroquíes negaron participar en estas operaciones, salvo en una en la que intercambiaron los coches con David Figueroa. También aludieron a un italiano que era el que negociaba con el principal inculpado.
Uno de los testigos y afectados con la compra de uno de los coches, un Mercedes por 3.850.000 pesetas (algo más de 23.000 euros), declaró que le había transmitido Figueroa que el vehículo que había adquirido lo había traído de Italia. Este testigo se había enterado de que se vendían coches de importación a través de la revista 'La Clave'.
En el juicio, uno de los abogados de los afectados pidió que la responsabilidad subsidiaria recayera en la Jefatura Provincial de Tráfico y en la ITV por darles viabilidad a estos automóviles, a lo que se opuso el tribunal y, por tanto, no suspendió la vista oral.
Previamente esta letrada relató a los medios que la trama era "muy sencilla", se contactaba con los clientes a través de los anuncios de la prensa local, se "les daba la garantía de que este vehículo viene de un particular, se le entregaba una vez que pasaba la ITV y la Jefatura de Tráfico daba el visto bueno y entonces como todo vehículos que ya está matriculado en España, no hay porque desconfiar de ninguna persona. Se hace un contrato de compraventa y te dan el coche", constató.
Por esta abogada, afirmó que "se está ante una negligencia, tanto de Tráfico, que tiene que tener un listado de vehículos robados, como de la ITV, que tiene la obligación de comprobar el chasis del turismo". La Jefatura Provincial de Tráfico está siendo investigada, en este momento, por un juzgado de Lugo por quitar multas.