JAÉN, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Colegio Oficial de Dentistas de Jaén ha pedido ocho años de cárcel en un escrito de acusación hacia una mujer, Ramona Z.O., que presuntamente ha venido trabajando desde 1993 como dentista sin tener la titulación para ello, para su marido, Juan Ángel J.M., por ser, al parecer, el administrador único de la sociedad mercantil creada para desarrollar dicha función, y Juan Carlos M.S., protésico dental que ha sido supuestamente cómplice del presunto delito.
En el escrito de acusación, al que ha accedido Europa Press, se refleja que dicha sociedad mercantil tenía en su haber tres clínicas dentales, en concreto, en los municipios jiennenses de Ibros, Quesada y Huesa. Así, Ramona, careciendo de la titulación propia de la especialidad de odontología y estomatología, ha llevado a cabo de manera personal y continuadamente actuaciones y tratamientos bucodentales a la población de cada localidad, según asegura el Colegio.
Asimismo, el acusado Juan Ángel, presunto partícipe y administrador único de la sociedad mercantil, llevaba a cabo la gestión y contabilidad de la misma, siendo "perfectamente conocedor de que su mujer llevaba a cabo tratamientos odontológicos desde 1993, en las mencionadas clínicas dentales, careciendo de titulación para ello".
En cuanto al procesado Juan Carlos, la institución colegial ha señalado que posee cualificación profesional de protésico dental, siendo "perfecto conocedor, desde hace diez años, de que la acusada no tiene dicha cualificación de dentista y que, sin embargo, realizaba tratamientos que exigían esta titulación a los pacientes de las tres clínicas". Para el Colegio, "igualmente era conocedor de que las prescripciones de las prótesis, pruebas y colocación de las prótesis las levaba a cabo directamente Ramona".
Así las cosas, el Colegio de Dentistas ha pedido en su escrito ocho años de prisión para Ramona y para su esposo. En concreto, dos años de cárcel por un presunto delito continuado de intrusismo profesional con atribución pública de la cualidad de profesional, tres años de cárcel por el presunto delito de falsedad documental continuado y otros tres años por el supuesto delito de estafa continuada. Además, piden que pague cada uno una multa de un total de 3.870 euros y que indemnicen a una de las víctimas en la cantidad de 1.230 euros.
Respecto al protésico dental, Juan Carlos, piden para él un año y nueve meses de cárcel así como inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de odontólogo por su supuesta complicidad en el delito continuado de intrusismo profesional con atribución pública de la cualidad de profesional, del mismo modo que por su presunta complicidad en el delito continuado de estafa.
De otro lado, estos hechos iban a ser juzgados en la mañana de este jueves, si bien se ha suspendido a petición de la acusación que ejercita el Colegio Profesional, a la que se ha adherido el Ministerio Público y la acusación particular ejercida por otros perjudicados, al advertir que existen varias personas que en su día recibieron tratamiento dental en alguna de las clínicas donde ejercía ilícitamente la acusada Ramona Z.O. y no se le hizo ofrecimiento de acciones.
