OVIEDO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
El fiscal especial antidroga, José Perals, solicitó la prisión provisional "comunicada y sin fianza" para siete acusados de la operación 'Pípol' debido a que "los elevados ingresos obtenidos con la actividad ilícita de tráfico de drogas añade un riesgo más a la posible evasión a la acción de la justicia", entre otros motivos.
El presidente de la Sección Octava de la Audiencia, el magistrado Bernardo Donapetry, convocó para el próximo jueves, a las 11 de la mañana, una comparecencia en el Palacio de Justicia de Gijón, en la que el ministerio fiscal y las defensas expondrán sus motivos.
El fiscal pide prisión provisional para los condenados por la operación 'Pípol' a 9 años de prisión o más: Ángel Manuel Arenal Zapico (9 años); Laurencio Castaño García (11 años); David García Díaz (9 años y 6 meses); Francisco Javier Álvarez Sánchez (9 años y seis meses), Marcos Barreiro Magán (10 años y 6 meses); Antonio Toro Castro (11 años y seis meses) y José Emilio Suárez Trashorras (10 años).
Los dos últimos acusados no sufrirían mucha variación ya que se encuentran cumpliendo condena provisional dictada por la Audiencia Nacional por los atentados del 11-M. Ambos declararán por video conferencia desde la prisión.
Perals, en el escrito que presentó a la sala solicitando la prisión Provisional al que tuvo acceso Europa Press, expone su petición de prisión para los siete acusados basándose en que la pena de prisión solicitada para ellos es de una duración de 9 años de cárcel o más, "puede motivar el deseo de fuga de los condenados".
El fiscal, añade además en el escrito que "el deseo de fuga aumenta" si se tiene en cuenta que el tiempo que pasaron en prisión por esta causa, y que le sería abonable, "no comprende la mitad de la pena imponible y que, no concurre ninguna de las causas que pudieran motivar una suspensión de condena".
Otro de los motivos que alega Perals en su escrito para pedir la prisión provisional es "una medida cautelar" que "consiga evitar" la reiteración delictiva "que es habitual en las personas que tienen como principal ingreso los beneficios obtenidos por el narcotráfico".
Por último el fiscal especial antidroga del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, indica que los elevados ingresos obtenidos con la actividad ilícita de tráfico de drogas "añade un riesgo más a la posible evasión a la acción de la justicia al disponer de medios para abandonar el Principado de Asturias y trasladarse a otros territorios, adoptando incluso otras identidades".
El tribunal ha citado además a la comparecencia a las defensas ejercidas por los abogados Ricardo González Fernández, Silvio Garrido, Ana María Muñiz Casares, Emilio Fernández Cenal, Ricardo Álvarez-Buylla, teresa Suárez y Gerardo Turiel.
