MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las asociaciones de jueces consideran "prácticamente imposible" encontrar una respuesta legal a la petición de los piratas que mantienen secuestrado al pesquero español 'Alakrana' de poner en libertad a sus dos compañeros encarcelados en España y recalcan que los magistrados han actuado en este caso en todo momento respondiendo a la legalidad.
Mientras tanto, la Audiencia Nacional guarda silencio de manera oficial. No obstante, magistrados de este órgano apuntaron que sería "complicado" desde un punto de vista legal, dar respuesta a la petición de los piratas, que hoy el lehendakari Patxi López pidió al Gobierno que considerara.
VIAS LEGALES A TRAVES DE FISCALIA
Las mismas fuentes señalaron que una de las vías legales para afrontar la actual situación pasaría por que una de las partes personadas, la Fiscalía o la defensa de los piratas, planteara al juez competente, Santiago Pedraz, una cesión de jurisdicción en favor de las autoridades keniatas, si bien la Audiencia no se pronuncia sobre el modo en el que se resolvería esta cuestión. Otra posibilidad, si bien harto improbable, sería que el Ministerio Público retirara la acusación contra los corsarios por falta de pruebas.
A lo largo de la mañana, ni la Fiscalía ni el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, quisieron pronunciarse sobre el secuestro del Alakrana, y el juez Pedraz se limitó a señalar que no hay novedades y que cualquier solución es "jurídicamente complicada".
En declaraciones a Europa Press, los portavoces de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García; Jueces para la Democracia (JpD), Miguel Angel Gimeno, y el Foro Judicial Independiente (FJI), Conrado Gallardo, coincidieron en subrayar la dificultad de responder de un modo acorde con la Ley a la petición de los piratas y destacaron que el problema no está en manos de los jueces, sino del Gobierno.
"No somos los jueces quienes tenemos que rompernos la cabeza buscando un camino a contrapelo", explicó el portavoz de la APM, para después insistir en que no se puede "empujar a los jueces" a encontrar esta solución, porque "no pueden hacer nada sin tener en cuenta la Ley".
En opinión de Antonio García, de la única forma que se podrían poner en libertad a los dos piratas sería si no hubiera acusación en su contra, algo que depende de la Fiscalía, ya que plantear ahora un problema de competencia es "absolutamente impensable". Con todo, defendió la necesidad de que "entre todos" se encuentre una solución, "sin hacer nada que cruja los pilares del Estado de Derecho".
PLANTEAR AUSENCIA DE COMPETENCIA: PREVARICACIÓN
Conrado Gallardo, del FJI, también apuntó que la única posibilidad de poner en libertad a los dos piratas sería si la Fiscalía pidiera el sobreesimiento de la causa por falta de pruebas, aunque reconoció que también sería "muy complicado". Del mismo modo, subrayó la imposibilidad de que un juez plantee que no es competencia de las autoridades españolas, ya que podría ser un delito de prevaricación.
No obstante, también defendió la necesidad de encontrar una solución a la situación a la que se ha llegado "por una falta de actividad diplomática adecuada" para no poner en riesgo la vida de los 36 tripulantes. La solución, defendió, podría venir desde un sentido "más práctico que jurídico", porque esto "es un problema más de Gobierno que jurídico".
Para JpD, la situación también es "complicada por no decir imposible". A juicio de su portavoz, plantear ahora que España no tiene competencia es "difícil" y sería "aceptarlo bajo presión", porque "aunque la competencia de la Audiencia Nacional en muchos asuntos es discutible", este caso es "de los menos discutibles". La única manera de abrir un camino por esta vía, explicó, sería que Kenia pidiera la extradición, algo que tampoco parece fácil en las actuales circunstancias.