PALMA DE MALLORCA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma Ciudadana del Coll d'en Rabassa advirtió hoy que debido a las irregularidades en el proyecto de construcción del gasoducto a su paso por Mallorca, la puesta en funcionamiento de esta infraestructura no podrá ser autorizada por las administraciones estatal y autonómica sin vulnerar la legislación europea.
En rueda de prensa, el responsable técnico de la plataforma, Bartomeu Rosselló, explicó que no se han realizado los preceptivos análisis cuantitativos de riesgo y planes de emergencia a los que obliga la Directiva europea (96/82 CE y 2003/105/CE) sobre control de riesgo inherentes a los accidentes graves en el que intervienen sustancias peligrosas.
Esta norma europea obliga a los Estados miembros a prohibir la explotación o la entrada en servicio de la infraestructura energética si no se cumplen los requisitos establecidos en la Directiva, como --según insisten desde la plataforma-- es el caso del gasoducto que unirá la Península con Ibiza y después con Mallorca y cuyas obras dieron comienzo en la Pitiusa mayor el pasado día 11.
Para tratar de detener el proyecto que consideran "peligroso" para la población del Coll, la plataforma aseguró que sus acciones se centrarán en la "escrupulosa exigencia legal", motivo por el que han iniciado los pasos necesarios para remitir el caso al Parlamento Europeo con el fin de que la administración estatal y autonómica cumplan con la legislación vigente.
El "punto clave de máximo riesgo" --la estación primaria de válvulas y regulación de presión (de 220 a 80 bares)-- está prevista a unos 90 metros del Hospital de Sant Joan de Déu y del núcleo de población, donde cualquier incidencia --insisten-- "provocaría que llegaran a la población los cinco millones de metros cúbicos de gas que se encuentran dentro los 145 kilómetros de cañería que separan este punto de la anterior válvula en Eivissa".
"Lo único que reclamamos es seguridad para la población, que se adopten las medidas necesarias para garantizar que con los 50 años de vida útil prevista para el gasoducto, no pueda representar ningún riesgo a los bienes y a las personas. No se ha de escatimar ni un céntimo. Además la inversión la pagaremos todos los ciudadanos del Estado mediante las facturas de consumo energético, por lo que no es válido aducir la falta de inversión estatal", argumentaron.
UNA PLATAFORMA MARINA
Como posible solución, desde la plataforma plantean que esta estación de descompresión se ubique en una pequeña plataforma en medio del mar y fuera de la bahía de Palma. Defienden que esta infraestructura no ofrecería ningún impacto visual desde la costa y además quedaría fuera de las áreas sensibles de praderas de posidonia oceánica e incluso podría servir para construir un arrecife artificial submarino para la regeneración del ecosistema.
"De esta forma, telecontrolada y con asistencia puntual de mantenimiento vía aérea con helicóptero o marítima mediante pequeñas embarcaciones motoras, podrían efectuarse con toda seguridad las tareas de regulación de presión y los necesarios 'venteos' de seguridad.
El proyecto de Enagas, subrayaron, establece un "alcance letal" de 500 metros de radio en caso de accidente. Por ello, lamentaron el "escaso" rigor técnico por parte de Enagas y Endesa y la "carencia de voluntad política para dar solución" por parte de todas las administraciones implicadas.
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, mantiene en curso una queja de oficio por este riesgo para la población del Coll. Además resta pendiente de resolución el recurso de alzada presentado al Ministerio para la autorización del trazado marino y de aterraje.
Finalmente, advirtieron que el trazado terrestre del gasoducto en Mallorca (Sant Joan de Déu - Cas Tresorer) ya ha sido ejecutado por Endesa "de forma previa a la correspondiente tramitación administrativa y sin la preceptiva autorización". "Se han ejecutado las obras ilegalmente", aseveraron, agregando que, además, el tramo terrestre está "en contradicción" con aspectos técnicos y de seguridad del trazado marino.
