MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso de los Diputados con el apoyo del PSOE y todos los grupos minoritarios rechazó hoy la enmienda a la totalidad presentada por el PP contra el Proyecto Ley de Reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, defendido por el ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se incorporó al debate tras la intervención del titular de Justicia, y siguió su desarrollo hasta el final. Se trata del primer proyecto de ley que defiende Bermejo ante la Cámara.
La ley pasará ahora a Comisión para la presentación de enmiendas parciales de los grupos que conforman la Cámara. De hecho el ministro, que calificó la reforma como "un compromiso inaplazable", reconoció que el proyecto deberá ser "pulido y enriquecido" en la sede parlamentaria.
El texto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 7 de diciembre y pretende limitar el mandato del fiscal general del Estado a cuatro años y reforzar la autonomía de la institución. Apuesta, además, por la especialización de los fiscales en respuesta a la aparición de nuevas formas de criminalidad organizada.
"UNIDAD DE ACTUACIÓN"
Bermejo destacó en su presentación que el Ejecutivo entiende que sólo con la aplicación de esta reforma se conseguirá "reforzar la independencia" de la figura del fiscal general y defendió la necesidad de "unidad de actuación" en materia de Justicia.
Como respaldo al objetivo de la independencia, la norma preveé la introducción de novedades como la modificación del régimen de su nombramiento y cese o la introducción de una comparecencia previa ante una comisión del Congreso.
El ministro enumeró las principales novedades introducidas y citó la introducción de la necesaria intervención de la Junta de Fiscales de Sala cuando el fiscal general vaya a impartir instrucciones a sus subordinados en cualquier asunto que afecte a miembros del Gobierno y la modificación del régimen de abstención de éste, que ahora resolverá la Junta de Fiscales de Sala.
Puso de manifiesto que la normativa incluye una asignación presupuestaria singularizada para el fiscal general, lo que reforzará también su autonomía.
El Proyecto de Ley incluye además, medidas destinadas a alcanzar una mayor especialización de los fiscales, confiere más relevancia al Teniente Fiscal del Tribunal Supremo e introduce una reorganización territorial, mediante la creación del fiscal superior de la Comunidad Autónoma, que viene a sustituir a los actuales fiscales jefes de los Tribunales Superiores de Justicia. ENMIENDA DEL PP
El secretario ejecutivo de Seguridad y Justicia del PP, Ignacio Astarloa --encargado de defender la enmienda ante el Pleno-- acusó al Gobierno de elaborar una ley "a la medida del actual fiscal general del Estado", Cándido Conde-Pumpido, que, añadió, "ha burlado la ley a todos los niveles".
Así, criticó la actuación de Conde-Pumpido e indicó que el fiscal para el que se hace esta reforma es "el más desautorizado por los jueces de la historia" y "no merece éste homenaje".
Astarloa calificó el texto de "pura propaganda" y aseguró que la modificación "ni es de fondo ni cumple lo previsto". En opinión de Astarloa, el proyecto refuerza "la vinculación política del fiscal general con el Gobierno que lo nombra, convirtiendo el principio de jerarquía en auténtico caudillaje". "Otro Gobierno tendrá que hacer la reforma", apostilló.
Destacó que esta propuesta se presenta en un momento en que la tensión entre el Ejecutivo y la oposición en materia judicial se encuentra en su punto más álgido y sacó a colación las recientes decisiones jurídicas relativas al preso de ETA José Ignacio de Juana Chaos y al representante de Batasuna Arnaldo Otegi.
RECHAZO DE TODOS LOS GRUPOS
Todos los grupos que conforman la Cámara rechazaron la devolución al Gobierno del Proyecto de Ley planteada por los "populares". Destacaron, no obstante, la necesidad de introducir modificaciones en el texto.
Este fue el caso de CiU que anunció la presentación de enmiendas parciales destinadas a introducir "mejoras técnicas". El diputado Jordi Jané precisó que entre sus propuestas incluirán la ampliación del mandato del fiscal general a 5 años y la inclusión de medidas dirigidas a reafirmar la autonomía de la nueva figura del fiscal superior de la Comunidad Autónoma.
La mayoría de los grupos plantearon la existencia de carencias en el proyecto de Ley relativas al control parlamentario del fiscal jefe.
En esta línea, el Grupo Mixto planteó que su nombramiento debería contar con el aval de dos tercios de las cortes generales. IU-ICV indicó, por su parte, que a pesar de que no la nueva norma no supone una solución total, plantea al menos un paso adelante.
Además, el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista defendió el proyecto y acusó al PP de llevar a cabo una "persecución sistemática" del actual fiscal general, del que destacó su "trayectoria brillante y contrastada". Añadió que Conde-Pumpido "conecta con la sensibilidad y los valores democráticos".