BILBAO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
El PNV ha hecho pública este miércoles una respuesta parlamentaria remitida por la Comisión Europea a su eurodiputada Izaskun Bilbao en la que, según la formación nacionalista, el organismo comunitario asegura que los Estados miembros deben reconocer las penas cumplidas por reclusos en otros estados de la unión.
Añaden que en esa misma comunicación, la comisaria de Justicia, Consumo e Igualdad, Vera Jourova, se ha dirigido a las autoridades españolas para recordar que antes del 15 de marzo deben informarle sobre los términos en que han transcrito a la legislación interna la Decisión Marco 2008/909/JAI sobre justicia penal.
Según ha explicado el PNV, esta formación remitió esta pregunta a la Comisión Europea durante la tramitación en el Senado de una enmienda mediante la que el PP pretendía "desactivar" la obligatoriedad de reconocer las penas cumplidas en otros estados por algunos reclusos con nacionalidad española.
Izaskun Bilbao advertía entonces que la reforma propiciaba que "los penados trasladados a España desde otros países corran el riesgo de que no se les compute el tiempo de condena cumplido en el Estado que originalmente les condenó".
Los jeltzales entienden que la modificación introducida en la ley que debía trasponer este acuerdo europeo "no sólo no zanja, sino que estimula el debate abierto al respecto en los órganos judiciales españoles, algunos de cuyos miembros y órganos parecen ignorar los contenidos de esta Decisión Marco y aluden a la posibilidad de que se tomen decisiones individualizadas, en vez de aplicarse el criterio general que recoge la misma aplicando el título VI del Tratado de la UE".
TRIBUNAL SUPREMO
Según ha recordado el PNV, el Tribunal Supremo decidió por mayoría de una de sus salas no aplicar este reconocimiento a varias decenas de personas que ya habían cumplido condena en Francia. Por ello se preguntaba a la Comisión si conocía la ley mediante la que se traspone la Decisión Marco, qué gestiones se habían realizado para conocerla y si Eurojust (órgano europeo de coordinación y cooperación de las autoridades judiciales para tipos de delicuencia grave) había abordado este asunto en alguna de sus reuniones.
La comisaria Jourova informa en su respuesta que la Comisión "no ha recibido ninguna notificación oficial por parte de España acerca de las medidas nacionales para la aplicación de la Decisión marco 2008/909/JAI" y desvela que el pasado 15 de diciembre envió una carta a las autoridades españolas solicitándoles la notificación de la transposición de esta Decisión marco "a más tardar" el 15 de marzo de 2015.
Igualmente, el Ejecutivo comunitario recuerda que "en este contexto que, de conformidad con el artículo 17, apartado 2, de la Decisión Marco, la autoridad competente del estado de ejecución deducirá del período total de privación de libertad que haya de cumplirse en el Estado de ejecución todo el período de privación de libertad ya cumplido en relación con la condena a la que se refiera la sentencia". Finalmente, confirma que "hasta la fecha, Eurojust no ha debatido esta cuestión en sus reuniones anuales de coordinación".
La eurodiputada jeltzale ha denunciado, tras conocer esta respuesta, la actitud adoptada por los jueces del Tribunal Supremo que "contra toda lógica jurídica, sin siquiera consultar con las instituciones europeas, como sugirió parte de la sala, han decidido incumplir un precepto legal sobre cuya interpretación además es bastante difícil tener dudas".
MÍNIMA INDEPENDENCIA
Izaskun Bilbao considera que lo ocurrido "consolida la idea de que algunos órganos judiciales demuestran una y otra vez que carecen de la mínima independencia y actúan a las órdenes de un gobierno que se dedicó varias semanas a indicarles por oral y por escrito en público y en privado, lo que tenían que hacer".
"Finalmente acabaron obedeciendo. Lamentablemente en España hace tiempo que para hacer un pronóstico sobre el sentido de una decisión judicial es más práctico mirar la composición del tribunal que repasar el código penal", ha criticado.
