MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha iniciado una investigación interna tras conocer la denuncia de que varios manifestantes fueron interrogados junto a sus abogados por agentes encapuchados tras su arresto en una manifestación no autorizada celebrada el pasado 10 de febrero en Madrid contra la reforma laboral, han confirmado a Europa Press fuentes de la Dirección General de la Policía.
Estas mismas fuentes han indicado que ha sido el propio Director Adjunto Operativo del Cuerpo Nacional de Policía, Eugenio Pino, quien ha ordenado recopilar toda la información relacionada con esta denuncia para determinar si procede la apertura de algún expediente disciplinario derivado de la actuación de los policías.
Fuentes policiales consultadas por Europa Press han explicado que no es habitual que los agentes realicen este tipo de diligencias policiales sin identificarse y sobre todo en presencia de los abogados ante los que es normal que se identifiquen y presenten su carné profesional. "De lo contrario podría ser cualquiera", han advertido estas mismas fuentes, que recuerdan que no es lo mismo un registro o una detención que un interrogatorio en Comisaria.
CONTENIDO DE LA DENUNCIA
"Hemos tenido conocimiento de que, recientemente, y con motivo de los incidentes acaecidos en la vía pública en Madrid el pasado día 10 (de febrero) de los corrientes, se registró la detención de nueve ciudadanos, que fueron trasladados a las dependencias policiales de Moratalaz, en la calle Tacona", dice la denuncia del la Asociación Libre de Abogados (ALA) a la que ha tenido acceso Europa Press y que fue remitida el pasado 1 de marzo al Ministerio del Interior y a la Defensora del Pueblo.
Según relatan, "cuando, al día siguiente, los abogados designados, unos por Turno de Oficio y otros por designación directa de los interesados, acudieron a asistirles, se encontraron con que fueron recibidos por personas vestidas de paisano, cubiertas con capuchas, de las que no se desprendieron en ningún momento, actuando en todo momento como policías, recibiendo en tal concepto las declaraciones y acompañando a los letrados, siempre encapuchadas, hasta la salida".
Denuncian que "la referida práctica no tiene apoyo en ningún texto legal conocido, carece de toda lógica y viola de manera inequívoca tanto el ejercicio del derecho de defensa como la dignidad de detenidos y abogados". "Constituye una absurda cautela, no prevista por la Ley, que arroja intolerables sospechas no sólo respecto de los detenidos, sino también de los abogados que, expresamente designados por ellos o designados por Turno de Oficio, les asisten", añaden.
"TOTAL INDEFENSIÓN"
Alegan además una "total indefensión, ya que resulta absolutamente imposible comprobar que las personas encapuchadas que intervienen y suscriben la declaración y el atestado, como Instructor y Secretario, respectivamente, son realmente los funcionarios que dicen ser, e incluso su propio carácter de funcionarios policiales".
En el texto llegan a comparar este hecho con "la figura de los 'jueces sin rostro' de la dictadura fujimorista" y recuerdan que estas prácticas están "expresamente declaradas ilegales por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Castrillo Petruzzi, Cantoral Benavides, Lori Berenson Mejía y García Asto y Ramírez Rojas, entre otros".
Consideran "intolerable" este tipo de interrogatorio que "contribuye a la creación de una cultura de impunidad ante los malos tratos, contraria al principio constitucional de responsabilidad y sujeción al ordenamiento jurídico por parte de los poderes públicos, previsto en la Constitución".
"Por todo ello, venimos a solicitar se cursen las órdenes oportunas para que cesen dichas prácticas y en modo alguno se produzcan declaraciones o práctica de diligencia alguna por parte de funcionarios encapuchados o que, de alguna otra forma, traten de ocultar su identidad, debiendo, además, identificarse los funcionarios actuantes mediante la exhibición en su uniforme del oportuno número de identificación o, en caso de prestar su servicio de paisano, mediante la exhibición de la oportuna placa o carnet profesional, según la normativa anteriormente reseñada", zanja la denuncia.
