MÁLAGA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los investigadores del caso 'Astapa', contra la corrupción en la localidad malagueña de Estepona, sostienen que el ex edil Rafael Duarte hizo "la vista gorda ante conductas claramente ilegales" y que faltó a "la obligación que tiene por el cargo que ostenta de denunciar las irregularidades" que presuntamente se cometieron en dicho municipio.
En un informe policial incluido en la causa, al que tuvo acceso Europa Press, se indica que como concejal de Urbanismo, Duarte "es conocedor de todas las valoraciones que se llevan a cabo en esta localidad" y apunta a que en todo el Área de Urbanismo "se cometen numerosas irregularidades de las que Rafael Duarte es conocedor en todo momento".
Asimismo, presuntamente "es conocedor de la forma de financiación de las concejalías", que para la Policía consiste "fundamentalmente en que los empresarios con intereses urbanísticos en convenio, en función de la magnitud del favor a solicitar, realizan aportaciones económicas que no son otra cosa que contraprestaciones por las resoluciones arbitrarias que concejales y funcionarios competentes hayan podido cometer".
La Policía precisa que el que fuera jefe de Gabinete de Alcaldía, José Flores, imputado en el caso, "le llama la atención" por los bajos ingresos de urbanismo y "le exige" que genere dinero, ya que "con los beneficios obtenidos de las licencias se pagan los gastos corrientes del Ayuntamiento". "Parece que, junto con las partidas legales presupuestarias, existe una contabilidad paralela", determina.
Además, por manifestaciones realizadas por el propio concejal "es conocedor del incumplimiento sistemático del Ayuntamiento en cuanto a la contratación de personal". Así, se señala que pese a que la actitud de éste "parece ser disconforme respecto a aquellas conductas que vulneran la legalidad, se observan casos en los que él mismo comete estas irregularidades", relatando algunos ejemplos.
Por éstas, "al igual que el resto de la plantilla de urbanismo y según información de los denunciantes, el alcalde le abona periódicamente cantidades en concepto de productividad", señala el informe. El ex edil, en su declaración ante la instructora, dijo que no vio "ningún delito como claro" y que "si lo hubiera visto, lo habría denunciado". Añadió que "intentó hacer las cosas bien".
En dicha comparecencia, explicó que en Estepona hay "una exageración, llevar al extremo determinados aspectos de la normativa municipal como la gestión de contratación de personal, que se hace con excesos respecto de lo que es normal en otros ayuntamientos", pero consideró que lo que ocurría en dicha localidad era diferente a lo de Marbella, donde perteneció a la gestora formada tras la disolución del Ayuntamiento a raíz del caso 'Malaya'.
Asimismo, añadió que en Estepona "se es ligero" con la tramitación de disciplina urbanística y que "se incumple" la regla general de control de fondos públicos, pero apuntó que desconocía que había un "hilo conductor" como ocurría en Marbella. Además, afirmó que "en el Ayuntamiento no se respetaba el reglamento de incompatibilidades" y dijo que "seguro que ha habido trato de favor", aunque su actitud fue "estar en vigilancia y control".
CONFUSIÓN
En su declaración ante la Policía, Duarte reconoció que el Ayuntamiento tenía "gran confusión entre el interés público y privado", debido a la relajación en la aplicación de las reglas de incompatibilidad" y aseguró que sabía que había determinadas empresas o determinados ámbitos que "siempre han sido informados por los mismos técnicos".
El ex edil, que dejó su acta de concejal, afirmó haber detectado "anomalías" en el funcionamiento de la Empresa de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico, Empladus, por "los retrasos que tiene, ya que se generan desfases entre la ejecución de la urbanización y el giro y cobro de las cuotas de urbanización para poder pagar a la empresa urbanizadora".
Asimismo, apuntó a "la existencia de dudas de legalidad que planeaban" sobre unos servicios que se encargaron a otra empresa "y la encomienda que se le hizo a Empladus para la gestión de esos proyectos". También indicó que tuvo conocimiento de "algunos aspectos de la gestión de Francisco Zamorano --ex edil del PSOE imputado--, que pueden estar en entredicho desde el punto de vista legal". Respecto a éste, en el juzgado, dijo no fiarse de él y aseguró que era "rival, adversario o como quiera llamarse".
En otro informe, Duarte negó haber intervenido en el cobro de dinero a promotores o haber obtenido dinero al margen de su nómina y dijo no haberse sentido coaccionado o presionado a actuar en un sentido u en otro. Preguntado sobre si transmitió a personal técnico bajo su responsabilidad directrices de Flores o del entonces alcalde, Antonio Barrientos, para agilizar trámites que afectaban a intereses de particulares, contestó que "como hipótesis podría ser", aunque no recordaba los casos concretos.
No obstante, ante la instructora del caso sí dijo que en algún caso concreto "se le ha presionado", aunque aseguró que no cedió ante dichas presiones. "Había un engranaje que salvo que te estallara algún problema de legalidad o no le tuvieran miedo al señor Zamorano se limitaban a formar parte de ese engranaje y no hacer nada más", recoge la declaración judicial.
