Realizará un primer informe que deberá determinar si los hechos investigados merecen la apertura de un expediente disciplinario
MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
El director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, --siguiendo órdenes del director general, Ignacio Cosidó-- ya ha designado al funcionario encargado de realizar la primera información reservada sobre las actividades del comisario José Villarejo, han informado a Europa Press fuentes policiales.
Esta información reservada consiste en una primera aproximación a los hechos que deberá determinar si la actuación del comisario es merecedora de la apertura de un expediente disciplinario en virtud de la Ley Orgánica del Régimen Disciplinario de la Policía (4/2010). En caso de que esa información reservada no hallase motivos suficientes para ello, la investigación quedaría archivada.
Se da la circunstancia de que el funcionario designado debe ser nombrado por el superior directo del investigado entre los miembros de su Departamento, es decir, que ha sido Eugenio Pino quien lo ha designado escogiendo entre los propios compañeros de Villarejo, quien presta servicios oficialmente en la Dirección Adjunta Operativa.
DIVISIÓN DE PERSONAL
En caso de que la investigación siguiese adelante ya sería la Unidad de Régimen disciplinario de la División de Personal de la Policía la que se encargaría de realizar la investigación y determinar si los hechos son constitutivos de una falta leve, grave o muy grave. En el marco de este proceso se designa un instructor y un secretario que deben informar al investigado y escuchar sus alegaciones.
Según la ley, el instructor de esta información reservada debe ostentar más cargo que el comisario Villarejo, es decir, un comisario principal (máximo escalafón en la Policía) o en todo caso un comisario, pero con más antigüedad en el Cuerpo.
En lo relativo a las actividades empresariales del comisario, la Ley de Régimen Disciplinario considera una falta muy grave "el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad" y como una falta grave "el incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades, cuando no supongan mantenimiento de una situación de incompatibilidad".
Por la comisión de una falta grave se contemplan sanciones que van desde la suspensión de funciones desde cinco días a tres meses y por una falta grave el investigado puede ser sancionado con un traslado forzoso, la suspensión de funciones desde tres meses y un día hasta un máximo de seis años o incluso la expulsión de la Policía.
DOS INVESTIGACIONES
Fue la semana pasada cuando el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ordenó a Cosidó una investigación sobre las actividades empresariales privadas de Villarejo después de que el diario 'El País' desvelase que el comisario participa en 12 sociedades que cuentan con un capital de 16 millones de euros.
No obstante, el ministro se apresuró a destacar los "relevantes servicios prestados" por el mando policial. "El informe de la Policía es el que nos debe acreditar efectivamente si todo, como yo presumo salvo que se demuestre lo contrario, se ha hecho en el marco de la estricta legalidad", dijo.
El mismo día que el ministro ordenaba esta investigación, el propio Cosidó, en declaraciones a TVE, añadía que Villarejo también sería investigado por la presunta filtración de la grabación sobre el encuentro mantenido con el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en 2011 en una cafetería de la Puerta del Sol. Aquella cita, a la que acudió otro comisario de Policía, giró en torno a la propiedad del ático de Marbella que ya disfrutaba el entonces vicepresidente madrileño.
En el Ministerio del Interior no se plantean en ningún caso que las pesquisas en torno al comisario Villarejo las realice Asuntos Internos porque el Departamento que dirige Fernández Díaz no ve indicios de la comisión de ningún delito.
