El portavoz del CGPJ niega que la justicia deba actuar de manera más comprensiva en el proceso de negociación con ETA

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, negó hoy que la justicia deba actuar de manera más comprensiva con el proceso de negociación con ETA, y calificó de "absolutamente desafortunados" estos comentarios que el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, realizó hace unos meses.

En declaraciones a Telemadrid recogidas por Europa Press, López explicó que la fiscalía debe seguir actuando en contra de la banda terrorista ETA, independientemente del proceso de negociación que siga el Gobierno, tal y como afirmó ayer el Fiscal General del Estado en la apertura del año judicial. "Los jueces tienen que aplicar la ley conforme a las circunstancias en que se cometió el delito, que es lo que determina nuestro Código Penal y el Estado de Derecho" explicó el portavoz.

Respecto a la propuesta de la fiscalía general del Estado de suprimir el límite de cumplimiento de la pena que establece el código penal para conceder el tercer grado a los condenados a más de cinco años de prisión, López aseguró no estar de acuerdo con la misma ya que, según él, debe darse un cumplimiento mínimo de la pena "que haga que las condenas sean serias y eficaces, y que la sociedad perciba que cuando se condena a alguien se hace con seriedad". "Si empezamos a presenciar cómo delincuentes con muy poco cumplimiento de pena están en libertad, la sociedad dejará de percibir la seriedad del castigo" sentenció.

AMENAZAS EN LOS JUICIOS A ETARRAS

Sobre las amenazas proferidas por algunos de los etarras juzgados durante estos meses, el portavoz del CGPJ consideró que, aunque se les podría haber cerrado el micrófono e, incluso, expulsarles de la sala, "es bueno que la sociedad haya visto la nula voluntad de reinserción y arrepentimiento de este tipo de delincuentes".

Asimismo, aseguró que estos etarras serán juzgados también por estas amenazas, algunas de las cuales fueron proferidas por Iñaki Bilbao durante un juicio celebrado por las amenazas que realizó contra el juez Garzón, y por la que obtuvo una condena de dos años.

11-M

En relación a la actuación de la justicia en la investigación de los atentados del 11-M, López consideró necesario que se produzca un debate sobre la legislación terrorista en España. "Desde el 11 de marzo nadie habla de si nuestra ley está adaptada o no a los delitos de terrorismo", afirmó. Según el portavoz, el tiempo de prisión preventiva debería alargarse desde los cuatro años vigentes en estos momentos, hasta la mitad de la condena, al igual que en otros países democráticos. "Estamos jugando a contrarreloj, porque al llegar al cuarto año, estos autores, inspiradores y cómplices de estos terribles atentados serán puestos en libertad condicional, porque la ley lo dice" explicó.

DELINCUENCIA, VIOLENCIA DE GÉNERO Y AGUILAR

Respecto al aumento de la inseguridad ciudadana, López alegó que "el elemento de la extranjería en la delincuencia tiene una clara relación". "Es evidente que las cifras son las que son, una tercera parte de nuestra población reclusa, uno de cada tres presos, es extranjero", destacó.

Preguntado sobre el funcionamiento de los tribunales especiales de violencia de género, el portavoz aseguró que funcionan bien "aquellos que tienen carácter exclusivo, que sólo se dedican a este tipo de delitos", mientras que los juzgados que siguen manteniendo competencias generales funcionan peor. "Ya se que esto cuesta dinero, evidentemente, pero estamos viendo que es una lacra social que genera mucha alarma y, como tal, hay que dedicarle medios", aseveró.

Finalmente, en relación a la petición del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, de que se dejen sin cubrir dos vacantes del Tribunal Supremo, Enrique López tachó la recomendación de "inapropiada" y alegó que el CGPJ tiene "la obligación de acabar su trabajo y de cubrir las vacantes del Supremo que están abiertas", sentenció.