MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha aprovechado este miércoles la designación de los ponentes que se encargarán de reformar el Reglamento de la Cámara para remarcarles una vez más "las grandes dosis de consenso" que exige la mejora de las normas parlamentarias, que datan de 1982.
La Comisión de Reglamento, que preside el propio Posada, se ha reunido esta tarde únicamente para constituir la ponencia que estudiará y discutirá los cambios que pretenden introducir en el Reglamento del Congreso.
Momento que el presidente de la Cámara no ha dejado pasar para subrayar lo "complicado" y "difícil" que resultará la tarea de reformas las normas parlamentarias, y para volver a reclamar a las distintas fuerzas parlamentarias que hagan un "esfuerzo" para lograr el acuerdo, según ha dec.
Posada también ha recordado a los ponentes que donde estaban ellos sentados --en la Sala Constitucional-- había habido con anterioridad personas "muy inteligentes y muy deseosas" de reformar el Reglamento "y, sin embargo, el aún vigente es del año 1982".
EL ESPÍRITU ES COMPARTIDO
De ahí que les haya reiterado la importancia de tratar de alcanzar "un mínimo de acuerdo", consciente de que será "difícil" que todos están de acuerdo en todo, un espíritu que, según ha percibido, es compartido por todos los miembros de la Comisión de Reglamento. "Me atrevo a decir que mis palabras han sido compartidas por todos", ha llegado a decir.
En la reunión de la mencionada comisión parlamentaria no se ha fijado aún ningún calendario de trabajo --algo de lo que se han quejado algunos grupos a la salida de este encuentro--, ni tan siquiera han intervenido los portavoces para exponer por dónde irán sus propuestas para mejorar el Reglamento, lo que previsiblemente se dejará para una próxima cita aún sin decidir.
Pese a la voluntad de acuerdo que Posada dice haber percibido en todas los grupos, lo cierto es que el asunto de las lenguas volverá a discutirse en el marco de esta reforma parlamentaria porque tanto los nacionalistas de CiU y PNV como algunos integrantes del heterogéneo Grupo Mixto tienen previsto llevar a debate esta 'vieja' reivindicación.
LA POLÉMICA DE LAS LENGUAS
En todo caso, esta vez la polémica de las lenguas no tiene visos de echar por tierra un futuro acuerdo en torno a la reforma del Reglamento porque tanto el PP y UPyD como el PSOE e incluso la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) están decididos a sacar adelante una modificación "ambiciosa" de las normas del Congreso.
Al margen de las ideas que cada grupo plantee, lo que desde la Presidencia del Congreso se ha facilitado a los portavoces de la Comisión del Reglamento es un CD con todo el trabajo que en este sentido han realizado en los últimos años.
Así, el CD incluye los avances que PP y PSOE lograron hace dos legislaturas, las modificaciones parciales que tanto el Reglamento ha venido incorporando como han ido experimentando los usos y costumbres de la Cámara, una cuestión que Posada también cree que podría mejorarse. Es decir, ha apuntado Posada, "no se empieza de cero". "Hay mucho avanzado en cuanto a trabajo y menos avanzado en cuanto a acuerdos", ha apostillado.
EL ACUERDO DE 2005
En ese pacto de los dos partidos mayoritarios alcanzaron en julio de 2005 se acordó, entre otros puntos, sustituir temporalmente a diputados, convocar debates de actualidad, incluir preguntas al presidente el día anterior a la sesión de control e interpelarle en debates de media hora de duración.
Algunas de estas propuestas coinciden con las que los distintos grupos volverán a exponer en el marco de esta reforma del Reglamento, a las que se añadirán otras nuevas, así como las que planteadas en noviembre por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) a través de un moción, aceptada por el PP, para 'desencorsetar' el Parlamento y acercarlo a la ciudadanía, y las medidas incluidas en la propuesta de resolución por la transparencia y contra la corrupción que se aprobó en el último Debate sobre el estado de la Nación.
En ese texto se apostaba por regular los 'lobbies', por dar un impulso a las iniciativas legislativas populares (ILP), por poner ya en marcha la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales --pendiente de crearse desde la pasada legislatura--, por estudiar las normas de transparencia para diputados y senadores que se incluirá en el futuro Estatuto del Cargo Público y por establecer un procedimiento concreto para dar publicidad a sus declaraciones tributarias, de actividades y de bienes.