El PP aprueba en Cortes de CyL pedir que no se envien más 'papeles' a Cataluña hasta que haya resoluciones judiciales

FUENSALDAÑA (VALLADOLID), 14 (EUROPA PRESS)

Las Cortes de Castilla y León aprobaron hoy, con los votos de la mayoría del PP, que la Junta inste al Gobierno a que se paralicen el envío de documentos del Archivo General de la Guerra Civil a Cataluña hasta que haya sentencias sobre los recursos del Ayuntamiento de Salamanca y de la Junta de Castilla y León.

La proposición no de ley, defendida por el procurador popular salmantino Emilio Arroita, reclama también la devolución de las 500 que se encuentran ya en Cataluña, en cumplimiento de la Ley de Restitución aprobada por el Congreso, la información sobre la Comisión Mixta Gobierno central-catalán y el impulso del Centro de la Memoria.

"No podía terminar esta legislatura sin sacar más zumo a este asunto. Es la traca final", censuró el portavoz socialista de Cultura, Oscar Sánchez, que estimó que la propuesta del PP pide que "se quebrante la ley" aprobada por el Congreso y se refirió a los autos en los que se señala que la ley no se paraliza.

Respecto del impulso para el Centro de la Memoria Histórica, Sánchez criticó "las contradicciones" del Partido Popular cuando califica la ley como "atropello" pero después pide su cumplimiento.

Arroita reiteró los reproches al PSCL-PSOE por no haber mantenido el apoyo a la unidad del Archivo, pese a que en febrero de 2004 respaldó una proposición no de ley en tal sentido, y recriminó, además, que no se haya escuchado a las 80.000 personas que se manifestaron en Salamanca por el Archivo.

Para el procurador popular, la iniciativa está motivada por "los nubarrones para la maltrecha integridad" del Archivo ante la pretensión de los archiveros nombrados por la Generalitat catalana de trasladar otras "1.600 cajas de documentos", lo que supondría el incumplimiento de la Ley de Restitución.

Sánchez concluyó que la petición habría sido "legítima" si no se hubieran "utilizados recursos públicos", y recordó que la elaboración del recurso ante el Tribunal Constitucional costó a las arcas de Castilla y León 125.000 euros para la paralización de la Ley del Congreso cuando tal acto no era preceptivo. "Es el último acto de una cadena de propaganda para mantener el asunto en la agenda de la vida política", concluyó el portavoz socialista.