Damborenea se felicita por la rapidez del TC al admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad del PP contra la Ley de Aguas vasca
BILBAO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
El parlamentario del PP vasco Antón Damborenea consideró hoy que el propio Gobierno vasco reconoce la "ilegalidad" del nuevo canon de la Ley de Aguas al no incluir en los Presupuestos de Euskadi para 2007 que ha presentado el ingreso de los más de diez millones de euros que tenía previsto recaudar por este concepto.
En rueda de prensa para dar a conocer la admisión a trámite del recurso contra el canon de la Ley de Aguas del Gobierno vasco presentado por el PP ante el Tribunal Constitucional hace 20 días, Damborenea reiteró que la no inclusión en las Cuentas de 2007 de los ingresos previstos por el cobro de este canon, el Ejecutivo vasco hace "un reconocimiento expreso y explícito de que estos es ilegal", por lo que, "evidentemente, los tribunales lo van a anular".
Por otro lado, el parlamentario popular mostró su satisfacción ante la "rapidez" con que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del PP y esperó que "todo el recurso discurra con la misma rapidez con la que se ha iniciado y antes de finalizar el año que viene podamos tener ya la sentencia del Tribunal Constitucional declarando ilegal esta segunda imposición que se hace al consumo del agua en el País Vasco".
En su opinión, la rapidez que se ha dado el Tribunal Constitucional, que ha tardado 20 días en admitir a trámite el recurso, "demuestra que ha habido pocas dudas a la hora de admitir a trámite el recurso, por lo que esperamos que todo el procedimiento siga la misma rapidez".
Damborenea explicó que el PP ha recurrido el canon de la Ley de Aguas porque "se grava por segunda vez el consumo de agua que ya pagamos todos los vascos en el recibo de las tasas municipales" y porque "invade competencias tanto municipales como forales".
El dirigente popular denunció que existe "una política recaudatoria y confiscatoria del Gobierno vasco y de algunas instituciones, como es la Diputación de Bizkaia que quiere cobrar por segunda y tercera vez una autopista que ya hemos pagado con los peajes, y ahora se nos quiere cobrar por segunda vez desde el Gobierno vasco el consumo del agua".
Damborenea señaló que el PP seguirá impugnando y recurriendo "cualquier medida de este tipo que plantee el Gobierno vasco, la Diputación de Bizkaia o cualquier otra institución porque es ilegal, anticonstitucional y porque lo que esta haciendo es confiscar el patrimonio de la gente".
ADMISION
El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por diputados del PP contra la Ley de Aguas vasca. El PP presentó el pasado mes de octubre este recurso al entender que el canon que establece supone una "doble imposición", invade las competencias municipales y forales y "extralimita" las competencias autonómicas.
El tribunal ha acordado admitir a trámite el recurso contra los artículos 1c; 9e; del 41 al 52 en su totalidad; 55n, o y p; 56.3; y las disposiciones adicional sexta y transitoria tercera de la Ley aprobada por el Parlamento vasco el pasado 23 de junio.
Asimismo, el acuerdo del TC, fechado el pasado día 8, recoge dar traslado al Congreso y Senado, al Gobierno central, al Parlamento vasco y al Ejecutivo autonómico para que, en el plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren oportunas.
El recurso fue presentado por medio centenar de diputados del PP en el Congreso al entender que diversos artículos y disposiciones de esta ley contradicen varios preceptos constitucionales y que el canon que establece la Ley de Aguas "carga un nuevo costo en el recibo del agua" para financiar la Agencia vasca de Aguas.
Por otro lado, el PP denuncia que la Ley de Aguas vulnera el principio de legalidad y la interdicción de la arbitrariedad que prohíbe la Constitución. En este sentido, critica que en teoría la Ley se basa en la Directiva 2000/60 de la Comunidad Europea que establece como principios la recuperación de costes y el hecho de que "quien contamina paga", lo que, a su entender, no cumple la normativa vasca.
Asimismo, denuncia, entre otros aspectos, que la normativa vasca establece una bonificación de hasta el 95% del canon, pero no determina si se realiza sobre la base imponible o sobre la cuota, ni cómo se accede a ella.
