MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -
El secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, ha denunciado lo que ha tachado de "estrategia preconcebida" de la oposición para intentar que la Diputación Permanente debata lo antes posible en la sesión de este jueves las peticiones de comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en un Pleno extraordinario para dar cuenta de 'caso Bárcenas'.
Así ha respondido Bermúdez de Castro, después de que al inicio de la Diputación Permanente, PSOE, Izquierda Plural, CiU, PNV y el Grupo Mixto, hayan anunciado la retirada de hasta ocho puntos del orden del día, con el objetivo de la discusión de sus solicitudes relativas a Rajoy no se demoren hasta primera hora de la noche.
En concreto, el PSOE ha renunciado a cuatro de sus peticiones, la Izquierda Plural y el Grupo Mixto han retirado cuatro, que presentaban conjuntamente, y CiU y PNV han suprimido otra. Todas ellas se iban a debatir antes de que llegara el turno de discutir las relativas al presidente del Gobierno.
PROTESTA DEL PP
Tras anunciar los citados grupos su decisión ha pedido la palabra Bermúdez de Castro y lo ha hecho para expresar su "sorpresa" por lo que considera una "estrategia preconcebida" de la oposición. El presidente del Congreso, Jesús Posada, le ha recordado que no podía abrir un debate sobre ese extremo porque los grupos eran dueños de sus iniciativas y podían hacer lo que estimasen oportuno.
El diputado del PP le ha dado la razón pero ha aprovechado entonces para recalcar que es "tradición inveterada" en el Parlamento que el orden de los debates en la Diputación Permanente venía marcado por orden de registro de las propuestas de los grupos. "Ese tema hay que dejarlo claro", ha subrayado.
A continuación ha arremetido contra los grupos por renunciar a algunos de los debates, acusándoles de preferir "anteponer un titular en informativos a la defensa de los intereses de los colectivos" afectados por las decisiones del Gobierno por las que inicialmente la oposición había pedido la comparecencia de varios ministros.
Ante esta intervención, Posada también ha recordado que el orden del día de la Diputación "se ha confeccionado con el orden de entrada" de las peticiones y "no se ha modificado". La oposición intentó en la Junta de Portavoces dar prioridad a los relativos a Rajoy, pero el PP no accedió.
INTERVENCIONES MUY CORTAS
También con la intención de agilizar el ritmo de los debates y llegar cuanto antes a los que incumben al jefe del Ejecutivo, los portavoces de la oposición han acortado sustancialmente sus intervenciones y ninguno ha consumido todos los minutos de los que disponía.
No así los representantes del PP, a los que Posada, ha tenido que recordar que se les acababa el tiempo en más de una ocasión. Tras la alocución de la miembro de la dirección del Grupo Popular, Marta Torrado, el secretario general del Grupo Socialista, Eduardo Madina, ha preguntado a Posada cuánto tiempo había invertido la diputada en "leer" su intervención.
"Seis minutos 55 segundos", le ha contestado el presidente, para explicar a renglón seguido que su costumbre es avisar al orador un minuto antes de que consuma su tiempo y que, si transcurren dos minutos desde entonces, opta por quitarles la palabra.
INICIATIVAS RETIRADAS
En concreto, se han 'caído' del orden del día cuatro peticiones de comparecencia del PSOE que afectaban a los titulares de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, por la actuación de la Fiscalía en el 'caso Bárcenas'; Agricultura, Miguel Arias Cañete, por la lucha contra incendios; de Sanidad e Igualdad, Ana Mato, por la desaparición del Consejo de la Juventud, y de Hacienda, Cristóbal Montoro por la reforma local.
Los grupos de CiU y PNV exigían citar a Montoro por la misma cuestión, pero también retiraron su iniciativa, mientras que IU-ICV-CHA renunciaron a sus peticiones de explicaciones al presidente del Gobierno para dar cuenta del Tratato de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, asunto por el que también pedían cuentas al titular de Economía, Luis De Guindos.
La misma suerte corrieron las dirigidas a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, por el supuesto espionaje de Estados Unidos a la Unión Europea, y a Arias Cañete por el último acuerdo sobre la PAC.