MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -
El PP asegura que el coste estándar al que deberán ajustarse los servicios municipales tendrá unos factores correctores que se aplicarán "municipio a municipio y servicio a servicio", es decir, que no habrá un único criterio de coste que sea exigible a todos los ayuntamientos por igual. El proyecto será aprobado por el Gobierno el próximo día 19 de julio.
En concreto, se tendrá en cuenta un "conjunto de especificidades" que pudieran justificar que el coste de un servicio sea más alto en una localidad, como la población vinculada o los índices de déficit de infraestructuras.
El vicesecretario general de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, y el secretario ejecutivo de Política Local, Manuel Cobo, explican estos detalles en una carta que han enviado a sus más de 5.000 alcaldes tras el informe del Consejo de Estado sobre la reforma local.
El dictamen del órgano consultivo critica cómo se ha formulado este concepto de coste estándar, que tal y como se ha redactado es casi una "habilitación en blanco" al Gobierno. También advierte de que "la garantía constitucional de la autonomía local consagrada en el artículo 140 de la Constitución puede verse cuestionada" por el "vaciamiento competencial de los ayuntamientos
DEFENSA DEL COSTE ESTÁNDAR
Arenas y Cobo niegan en su carta a los alcaldes que se interprete este dictamen como contrario al proyecto del Gobierno y, en concreto, que ponga en duda el coste estándar o el respeto a la autonomía municipal.
Así, aseguran que el informe no rechaza la fijación del coste estándar, sino que pone de manifiesto una "falta de concreción legal del concepto y del procedimiento" y que por ello se mejorará la fijación de este concepto en la ley.
A partir de la reforma del gobierno local, los servicios municipales deberán atenerse a un coste estándar y los ayuntamientos que no lo logren dejarán de prestar ese servicio, que pasará a depender de la diputación o de la comunidad autónoma.
Los ayuntamientos han pedido en todo momento que los municipios con superávit no se vean sometidos a este examen, que se aplique sólo en los servicios que pueden generar economías de escala (como la recogida de basura) y que se atiendan una diversidad de peculiaridades municipales que hacen que unos servicios sean inevitablemente más caros en unos pueblos respecto a otros.
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha asegurado este viernes que los criterios que exige el Consejo de Estado sobre el coste estándar se incluirán en la ley y que efectivamente esta fórmula no se aplicará por igual a todos los municipios, sino que se tendrá en cuenta sus peculiaridades.
RESPETO DE LA AUTONOMÍA LOCAL
Además, subrayan que la propuesta del Gobierno "garantiza la autonomía local" porque delimita "esa capacidad de gestión para que los ayuntamientos puedan organizar sus competencias en el marco de la ley y los vecinos conocer lo que puede y no puede hacer su ayuntamiento de forma transparente y bajo control".
Cobo y Arenas insisten en que se incluirá en el proyecto de ley la mayor parte de las recomendaciones del órgano consultivo, que han sido formuladas para "perfeccionar el texto de la norma".
"Es una muestra más del interés del Gobierno por lograr el mejor texto posible para redimensionar los entes locales de acuerdo con su capacidad de gestión y su adecuación al cumplimiento de los principios de estabilidad y suficiencia financiera", afirman ambos dirigentes.