EB y Aralar creen que las Juntas de Gipuzkoa deben investigar la actuación del ex director foral de Hacienda, el senador Víctor Bravo
SAN SEBASTIAN, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -
Los grupos junteros de Ezker Batua, Aralar, y PP han solicitado a las Juntas Generales de Gipuzkoa la creación de una comisión especial de investigación sobre las presuntas irregularidades detectadas en la oficina tributaria de Irún en 2003. Asimismo, EB y Aralar consideran que deben investigarse todos los expedientes en los que intervinieron el entonces director de Hacienda de Gipuzkoa, el actual senador del PNV Víctor Bravo, y su hermano y ex responsable de la oficina, José María Bravo.
Los tres grupos presentaron esta mañana esta iniciativa conjunta en las Juntas Generales de Gipuzkoa para su debate en Pleno, y la dieron a conocer públicamente en sendas ruedas de prensa de EB y Aralar, por un lado, y PP, por otro.
Por su parte, el cuarto grupo de la oposición, el PSE-EE, adelantó a través de su portavoz, Miguel Buen, que no pedirá que se cree una comisión de investigación, dado que el asunto está "en manos de los tribunales" y cree que "difícilmente son exigibles responsabilidades políticas" cuando los hechos sucedieron cuando el gobierno foral era gestionado por otras personas.
Sin embargo, los otros tres grupos de la oposición consideran necesaria esa comisión para esclarecer lo sucedido y que "se depuren responsabilidades políticas, independientemente de las penales", según explicaron los junteros de EB y Aralar, Patxi Coira y Rebeka Ubera, respectivamente.
A su juicio, la información ofrecida por el Departamento foral para la Fiscalidad y Finanzas "ha sido casi nula", puesto que desconocen "a cuánto asciende la cuantía de dinero desaparecido y quiénes han sido los responsables de estas irregularidades".
"EN EL CAJON DURANTE UN AÑO"
EB y Aralar se preguntaron por qué la auditoria interna que ha desvelado el caso "data del año 2005 y se ha dado a conocer en 2006", de manera que "la han mantenido guardada en un cajón durante todo un año".
Estos dos grupos pedirán a la Diputación una copia del informe de la auditoria interna, así como que se investigue a los entonces director de Hacienda y responsable de la oficina tributaria de Irún y todos los expedientes sobre los que intervinieron desde 1995 hasta 2002, "sin prejuzgar su carácter delictivo".
A su juicio, "más les vale a PNV y EA que apoyen la creación de la comisión investigadora si realmente quieren disipar las sospechas actuales sobre la actuación del gobierno foral".
La portavoz del PP, Regina Otaola, se preguntó sobre "el número de expedientes afectados y los ejercicios a los que corresponden los mismos, el organigrama de la oficina de Irún y las medidas adoptadas por la Diputación, una vez comprobado el presunto fraude, para conocer su alcance, así como sobre la posibilidad de que se dé en otras unidades de recaudación".
Por su parte, a preguntas de los periodistas, el socialista Miguel Buen consideró que el gobierno foral "ha actuado correctamente sobre un problema" que se produjo antes de que sus actuales responsables tomaran posesión. Ademas, destacó que ha sido el propio ejecutivo foral el que ha "descubierto" lo sucedido.
No obstante, aseguró que serán "exigentes" con el ente foral para que siga informando sobre esta cuestión en la medida de sus posibilidades, puesto que el caso está en manos de la Fiscalía. Buen señaló que "si hay responsabilidades penales se depurarán ante los tribunales" y opinó que "difícilmente son exigibles responsabilidades políticas, al menos por lo que conocemos hasta ahora".
El juntero esperó que "no sea la punta del iceberg, sino la totalidad del iceberg", porque no se trata tanto de "buena o mala gestión política" como de "la buena o mala imagen de la Hacienda y la Diputación foral".
