CÁDIZ, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, anunció hoy que el próximo jueves solicitará en el Parlamento Andaluz la creación de una comisión de investigación sobre la subvención concedida a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa) y aseguró que, en caso de no ser aceptada, el PP llevará el asunto a los tribunales.
En una rueda de prensa celebrada en Cádiz, Sanz calificó de "impresentable" que la Junta de Andalucía haya "ocultado durante cinco meses" el soporte documental del expediente sobre el incentivo a Matsa, al que su partido tuvo acceso "ayer".
A su juicio, esto demuestra que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, es "un mentiroso compulsivo" porque dijo que "ya nos había entregado los expedientes y que habíamos tenido acceso" y, sin embargo, fueron "enviados ayer", reiteró. Asimismo, consideró que "si no es por la amenaza con los tribunales jamás nos lo hubieran dado".
RATIFICAN TODAS SUS DENUNCIAS
Una vez que el PP dispone de la información, la consecuencia es que "nos ratificamos en todas las denuncias" y sigue justificando la "conveniencia y obligación ética y política" de que el jueves se apruebe una comisión de investigación en la Cámara andaluza.
Sanz consideró que el PSOE tiene "una gran ocasión" para aceptar dicha comisión, considerando que no tienen por qué no aceptarla "si no tienen nada que ocultar, si no teme nada y todo fuera limpio".
En cualquier caso, se mostró poco esperanzado en que se apruebe la comisión de investigación, basándose en el hecho de que en Andalucía "tenemos el récord mundial de comisiones de investigación no aceptadas", con un total de "69 en cuatro legislaturas", lo que "no ocurre en ningún parlamento del mundo".
"El primer paso es el debate del jueves, y si la comisión no se acepta nos quedaría la vía de los tribunales", aseveró. En este sentido, recordó que el PP dio ayer un paso "decisivo" consistente en solicitar ante la Presidencia de la Junta de Andalucía la apertura de un expediente sancionador contra Chaves, ante lo que consideran un incumplimiento "muy grave" de la Ley de incompatibilidades.
