PP-A llevará una enmienda al Congreso Nacional para fijar obligaciones de cargos públicos y que den cuenta al partido

Actualizado: lunes, 26 mayo 2008 16:56

SEVILLA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El PP-A defenderá una enmienda a la Ponencia de Estatutos que se debatirá en el Congreso Nacional del partido del mes de junio en la que pedirá la inclusión de un apartado sobre las "obligaciones de los cargos públicos", como son tareas en las instituciones, en la comunicación con la sociedad y orgánicas e implantación territorial, por las tendrán que "rendir cuentas" ante el propio partido si quieren que se cuente con ellos para optar de nuevo a asumir una responsabilidad en instituciones.

El Comité Ejecutivo del PP-A aprobó hoy un conjunto de 37 enmiendas a las tres ponencias que se debatirán en el Congreso Nacional, 20 a la Política, 12 a la Económica y cinco a la de Estatutos, encaminadas, principalmente, según señaló el presidente regional del partido, Javier Arenas, a "remarcar" algunas cuestiones porque, en términos generales, están de acuerdo con los planteamientos que en ellas se recogen. Estas son las enmiendas a las que la dirección regional ha dado el visto bueno, lo que no impide, según Arenas, que haya compromisarios que, a título personal, quieran plantear otras.

En cuanto a la Ponencia de Estatutos, según detalló Arenas ante el Comité Ejecutivo Regional, la principal enmienda está encaminada a que los cargos públicos del partido (concejales; diputados provinciales, autonómicos y nacionales; senadores, y eurodiputados), al igual que ya ocurre con los militantes, estén sometidos a una serie de obligaciones.

La enmienda recoge que, cada seis meses, deberán rendir cuentas ante el máximo órgano del partido, la junta directiva, de su gestión y que cada año se sometan a todos los afiliados de su ámbito territorial para oír sus quejas, sugerencias o, simplemente, para solicitarle información.

Otra enmienda consiste en que el Comité Electoral Nacional del partido tenga en cuenta, a la hora de abordar las candidaturas para las elecciones, el cumplimiento de las obligaciones de los cargos en los casos de aquellas personas que aspiren a repetir en un puesto.

El PP-A pedirá también a través de otra enmienda que se cree un Comité de Alcaldes de ámbito nacional, ya que, según expuso Arenas, la vida municipal tiene que tener más peso en la organización del partido, mientras que también defenderá que todos los alcaldes de municipios de más de 50.000 habitantes sean miembros de la Junta Directiva Nacional, un órgano que hay que "ensanchar".

Otra enmienda, de menor calado, hace referencia a que la secretaría nacional de atención al afiliado forme parte del Comité Ejecutivo Nacional.

Respecto a Ponencia Política, el PP andaluz quiere que se renueve el compromiso con la modificación de la Ley Electoral para que gobierne en las instituciones la lista más votada; que se haga mayor ahínco en la defensa de España como nación y en el compromiso con el modelo autonómico; mención a que las relaciones entre las comunidades autónomas y el Estado estén presididas por el principio de lealtad institucional y la multilateralidad, y que aparezca un compromiso con el Pacto Local.

Sobre temas más concretos, habrá enmiendas relativas al derecho de todos los españoles a disfrutar del agua que sobre en cualquier territorio; a mantener el contencioso sobre en defensa de la soberanía española sobre Gibraltar, y a la necesidad de que se produzcan sendos pactos nacional en materia de educación y aplicación de la Ley de Dependencia.

Entre las enmiendas a la Ponencia Económica, hay una encaminada a que las administraciones públicas adopten planes de austeridad en el gasto público corriente ante la situación de crisis económica que se está viviendo.

En cuanto al asunto de la financiación autonómica, el PP-A quiere que se incluya expresamente que no puede haber merma alguna en el Fondo de Suficiencia y que se duplique el Fondo de Compensación Interterritorial, así como que todas las comunidades autónomas tengan la garantía de que recibirán los fondos que se consignaron en su día por el Estado para inversiones que luego no se han ejecutado, como tiene garantizado Cataluña.