PP-Madrid denuncia ante la Fiscalía diez casos en los que advierte "el modelo socialista de corrupción urbanística"

Actualizado: martes, 14 noviembre 2006 15:07

Beteta reclama que se estudien cuatro denuncias de la comisión del 'tamayazo' que "no se investigaron"

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Asamblea de Madrid entregó hoy en la Fiscalía Anticorrupción diez casos que afectan a alcaldes, concejales y personas vinculadas al Partido Socialista de Madrid (PSM) en los que se puede advertir "el modelo socialista, que está instalado en la corrupción urbanística y en la confusión de intereses públicos y privados", según señaló el portavoz de esta formación, Antonio Beteta.

Según consta en los escritos, cuatro de estas diez denuncias fueron objeto de discusión en la comisión que la Asamblea de Madrid celebró en el verano de 2003 para determinar los motivos de la deserción de las filas socialistas de los tránsfugas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, que impidieron gobernar al candidato del PSOE, Rafael Simancas.

Beteta explicó que estos asuntos "no resultaron saldados suficientemente porque el conjunto de los poderes públicos no siguieron la investigación", al tiempo que censuró la "pasividad" que, a su juicio, ha caracterizado la actuación de la Fiscalía. "Los documentos se han tardado en complementar", explicó Beteta, quien aseguró que "por tres años de antigüedad no dejan de ser de actualidad".

BLANCO Y EL MARIDO DE PORTA

El primero de los casos denunciados por el PP alude a un presunto "trato de favor" al secretario de Organización del PSOE, José Blanco, en la compra de un chalet en Villaviciosa de Odón, en la que el líder de la corriente socialista Renovadores por la Base, José Luis Balbás, realizó "gestiones y mediaciones" con el constructor Francisco Bravo para conseguir, según su testimonio, que "como era un amiguete, le bajara el precio".

Los populares también denuncian que el ex alcalde socialista de Arroyomolinos, Ángel Luis Pérez, recalificó en 1995 una finca rústica llamada 'Las Castañeras' y procedió a su urbanización, cuatro años después, como socio de la empresa Euroholding, de la que era presidente Bravo. Este constructor reservó la habitación de hotel a la que se dirigieron los tránsfugas tras abandonar la Asamblea.

Los otros dos casos provenientes de la comisión de investigación se refieren a supuestas actuaciones de Enrique Benedicto Mamblona, marido de la portavoz adjunta socialista Ruth Porta. En el primero los populares recuerdan que el actual alcalde de Humanes, Alfredo Álvarez Sojo, denunció que su expulsión del PSOE se produjo tras negarse a adjudicar suelo a la empresa Indorenta, "vinculada a Benedicto a través de la Fundación Hogar del Empleado".

El segundo se refiere al compromiso firmado en abril de 2003 por Simancas con la sociedad de cooperativas Agecovi por la que se comprometía a "ceder suelo urbanizado para la construcción de 50.000 viviendas de protección pública". Según el PP, las empresas de esta sociedad conforman "el sector marxista-ladrillista del PSOE" y se encuentran en "el entorno de Benedicto y Porta".

De igual modo, los populares denuncian "trato de favor" por parte del Ayuntamiento de Parla en sendas adjudicaciones de suelo a la empresa Progar, que vinculan a Benedicto Mamblona, y a una promotora de cooperativas llamada Jalet, que recibió suelo urbanizado después de conceder "un crédito de privilegio" al concejal de Humanes José Gómez, tío carnal del alcalde del primer municipio, Tomás Gómez.

ALDEA DEL FRESNO, LEGANÉS Y GETAFE

Otras tres denuncias se refieren a la actuación del alcalde socialista de Aldea del Fresno, José Luis Tello, cuyas "irregularidades urbanísticas", según recuerda el PP, motivaron un auto dictado en agosto pasado por el que se decretaba "la suspensión de toda función o intervención con relación a sus competencias urbanísticas como alcalde, concejal de Urbanismo o miembro del Pleno o la Comisión de Gobierno" del municipio.

A estos casos añaden la actuación de los ex concejales de Urbanismo de Getafe y Leganés, Jesús Neira e Isidoro Herrero, a los que los populares acusan, respectivamente, de cobrar "una comisión del 8%" y obtener "unos beneficios superiores a 100 millones de euros" por sendas recalificaciones en Perales del Río y Puerta de Fuenlabrada.