Amaiur y CiU reclaman la supresión de este órgano
MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los grupos parlamentarios del PP, CiU, PNV, UPyD, Izquierda Plural y Amaiur han manifestado este martes en el Pleno del Congreso de los Diputados su rechazo a la Propuesta de Ley presentada por el PSOE para atribuir a la Audiencia Nacional todos delitos relacionados con la corrupción, que calificaron además de "efectista", poco útil e incluso "poco meditada".
Todos los grupos manifestaron su coincidencia en considerar la corrupción política uno de los problemas actuales más graves, aunque expresaron sus dudas jurídicas sobre la posibilidad de traspasar todos estos asuntos a la Audiencia Nacional en detrimento del juez territorial predeterminado por la ley. Los representantes de Amaiur y CiU, además, han aprovechado este debate para recordar que son partidarios de suprimir este órgano judicial.
La medida fue presentada por el diputado socialista Javier Barreno, que explicó que ésta supondría la modificación de un único artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) con el fin de hacer frente, a modo de "terapia de choque", a la "enorme desconfianza por parte de millones de ciudadanos" ante la denominada "cuarta crisis", de moralidad y de ética, "que lleva aparejada unas consecuencias devastadoras para el sistema democrático".
Para el PSOE, al menos se debería discutir esta propuesta para evitar que los procesos por corrupción se dilaten en el tiempo porque los ciudadanos quieren que las condenas para conductas como la prevaricación, el cohecho, la malversación de fondos públicos o los delitos urbanísticos cometidos por representantes públicos sean "ejemplares".
Además, el primer partido de la oposición pretende instar al Gobierno a que remita al Congreso "en el plazo de tres meses" un proyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal --previo informe del Consejo General del Poder Judicial-- que incluya el establecimiento de un procedimiento preferente y sumario para el enjuiciamiento de estos delitos y un régimen especial en relación con la admisibilidad de sentencias de conformidad.
Barreno ha defendido que el mejor órgano para investigar estos asuntos sería la Audiencia Nacional porque "se dedica aquellos delitos graves que deterioran de manera muy profunda la convivencia entre los españoles" y la corrupción debe ser uno de ellos, pues es de los que despiertan mayor reproche. El diputado se ha preguntado si la corrupción es menos dañina que otras materias como la falsificación de tarjetas de crédito, que sí es competencia de la Audiencia Nacional.
Por parte del PP el diputado Jaime de Olano han negado que la corrupción sea un problema generalizado, si bien ha admitido que "existe y ha aumentado en los próximos tiempos".
EL PP LO CALIFICA DE PARCHE
Para hacerle frente, el parlamentario popular ha aludido al Plan de Medidas de Regeneración democrática aprobado por el Gobierno del pasado mes de diciembre y a la proyectada Reforma Penal, así como a la Ley de Transparencia. "Lo que traen ustedes aquí no deja de ser un parche, e incluso poco consistente jurídicamente, que quizá busque más el efecto mediático que la eficacia en la lucha contra la corrupción".
Por su parte, el diputado de Amaiur Sabino Cuadra también se ha posicionado en contra de la propuesta del PSOE aunque por otras razones, ya que su grupo aboga por la supresión de la Audiencia Nacional por considerarlo un órgano de excepción heredero del tribunal de orden público franquista. "Estos delitos deberían ser juzgados atendiendo al principio del juez natural correspondiente, no encontramos ninguna razón para que sean sustraídos a la competencia ordinaria", ha señalado Cuadra.
Con esta idea de suprimir la Audiencia Nacional ha coincidido la diputada de CiU Mercé Pigem, quien pese a compartir con el PSOE la necesidad de adoptar medidas ágiles para enjuiciar los delitos contra la corrupción no considera que haya que atribuir a la Audiencia Nacional el enjuiciamiento de los mismos. "Nuestro programa electoral se posiciona para su supresión", ha recordado.
"La Audiencia Nacional conoce ya de algunos procedimientos de corrupción y no se ha evitado ni la pena de telediario ni que la Administración de Justicia tarde muchos años" en dar respuesta, ha recordado Pigém, que ve positivas otras medidas como que se limite el tiempo de instrucción o que se inste al Consejo General del Poder Judicial a amparar a los jueces que investigan corrupción.
CORRUPTOS DEL PROPIO PARTIDO
Por su parte, el diputado del PNV Emilio Olabarría ha señalado que estando de acuerdo con la "retórica" del parlamentario del PSOE para defender la Propuesta de Ley su grupo califica de "discutibles" las fórmulas que se proponen. "En las demarcaciones judiciales los órganos están también especializados, no crea que deba irse a la Audiencia Nacional", ha dicho Olabarría, tras recordar que "se debe ser inmisericorde con los corruptos también del propio partido".
Rosa Díez, de UPyD, dicrepa con otros diputados porque no cree que haya que suprimir la Audiencia Nacional, si bien considera que la propuesta del PSOE contribuiría a "desnaturalizarla" porque los asuntos llegarían a este órgano no en función del delito, sino del delincuente, y harían además imposible la función de este órgano.
Finalmente, Gaspar Llamazares, de Izquierda Plural, considera que la propuesta del PSOE no aborda realmente el problema de la corrupción y ha recordado que casos de esta materia que ya lleva la Audiencia Nacional, como el "caso Gürtel", lleva más de cinco años instruyéndose.
"Las conductas de corrupción son tan diversas que sería inviable una respuesta especializada, ágil y eficaz -ha afirmado Llamazares durante el Pleno del Congreso-. Compartimos que es necesario agilizar los juicios contra la corrupción, pero discrepamos de la propuesta porque la corrupción no es un problema estructura de nuestro sistema judicial".
