MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
El PP defenderá hoy en el Pleno del Congreso de una proposición no de ley para que se sancione penalmente a las autoridades que, careciendo de competencias para ello, convoquen procesos electorales o consultas populares por la vía del referéndum.
El primer partido de la oposición registró esta iniciativa el mes pasado, después de que el lehendakari, Juan José Ibarretxe, anunciase su intención de convocar un referéndum en el País Vasco el 25 de octubre de 2008, y de que el vicepresidente de la Generalitat catalana, Josep Lluis Carod Rovira, haya augurado una consulta similar para 2014.
Con este texto, el PP insta al Gobierno socialista a impulsar un cambio legal similar al impulsado en 2003 por el Ejecutivo de José María Aznar y que, un año después, fue derogada por el Congreso, con el único voto en contra los 'populares'. Aquella reforma del Código Penal preveía una pena de entre 3 y 5 años de cárcel e inhabilitación a la autoridad que convocase estas consultas ilegales.
LA LEY NO ES SUFICIENTEMENTE DISUASORIA.
Para el PP, la "gravedad" de los "desafíos al Estado de Derecho" que, a su juicio, suponen los referendos anunciados por Ibarretxe y Carod, exigen "respuestas contundentes" que actualmente no se recogen en el ordenamiento jurídico. Desde su punto de vista, la "perseverancia" del lehendakari al plantear este tipo de consultas demuestra que la legislación actual no es suficientemente "disuasoria" y que requiere cambios.
En este sentido, habida cuenta del "fracaso" de los estos "medios disuasorios", el PP considera "proporcionada la previsión de la respuesta penal" ante unos referendos "completamente inconstitucionales" que violan el artículo de la Carta Magna que establece que la autorización para celebrar referendos es una competencia "exclusiva" del Estado.
Asimismo, los 'populares' aducen que la consultas que planean en Euskadi y Cataluña son "manifiestamente ilegales" tanto en la forma, como en el fondo, es decir, tanto en su convocatoria como en su contenido, puesto que el derecho de autodeterminación "choca con el límite infranqueable en la titularidad de la soberanía, única e indivisible, por parte del pueblo español".
YA HAY INSTRUMENTOS SUFICIENTES, DICEN LOS DEMÁS.
En el debate que tendrá lugar hoy y que, previsiblemente, acabará con el rechazo del texto del PP, los distintos grupos reproducirán los argumentos que les llevaron a derogar la reforma del Código Penal impulsada por los 'populares' en la anterior legislatura, cuando contaban con mayoría absoluta.
Así, defenderán que, como recoge la ley que derogó aquella reforma, la convocatoria de referendos ilegales no tiene "la suficiente entidad como para merecer el reproche penal y menos aún si la pena que se contempla es la prisión" y que el ejercicio de las potestades de convocar y promover consultas por quien no las tiene legalmente atribuidas "es perfectamente controlable por vías diferentes a la penal".
"La Constitución y el ordenamiento jurídico ya cuentan con los instrumentos suficientes y adecuados para asegurar el respeto a la legalidad y a las instituciones democráticas y garantizar la convivencia pacífica de todos los ciudadanos", reza el texto aprobado en el Congreso en 2005.
