El PP presenta 13 enmiendas para corregir las "debilidades y carencias" de la futura ley de altos cargos

SANTANDER, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Cantabria ha presentado un total de 13 enmiendas para corregir las "debilidades y carencias" de la Ley reguladora de conflictos de intereses de los miembros del Gobierno regional, que tacha de "farragosa, poco clara y poco sistemática" por lo que "en un futuro" puede prestarse a "interpretaciones dispares".

En rueda de prensa, el diputado 'popular' Luis Carlos Albalá explicó que si bien su grupo comparte el "espíritu general de la ley" no está "tan de acuerdo con los contenidos" de la misma, de ahí las 13 enmiendas a los 26 artículos que conforman el proyecto de ley.

La "filosofía" de las correcciones planteadas por el PP obedece además, según Albalá, a "potenciar" el mandato constitucional de "servicio, objetividad e interés general".

Según el parlamentario, la futura ley de incompatibilidades es también "incompleta y suave". Asimismo, algunos conceptos jurídicos quedan, en su opinión, "indeterminados" lo que hace que la aplicación práctica de la ley sea "difícil". "Debe ser muy nítida en sus términos", apuntó.

Entre las enmiendas propuestas por los 'populares' destaca la orientada a "fortalecer" el control del Parlamento sobre los altos cargos de la Administración regional.

El objetivo es "reforzar" el "protagonismo" y la "labor" de la Cámara regional y "dotar de más intensidad, luz y taquígrafo" a "cualquier" nombramiento formulado por el Gobierno cántabro.

Además, otras de las correcciones planteadas persigue mantener la incompatibilidad actual mediante la cual el presidente de la Comunidad Autónoma y los consejeros del Gobierno regional no pueden ejercer labores legislativas a nivel nacional, es decir, no pueden ser senadores o diputados en el Congreso.

"CONSUMIR EL TIEMPO Y DEDICACIÓN".

Frente a la propuesta del Gobierno cántabro de que estas funciones sean compatibles, Albalá defendió que el cargo de consejero o presidente regional "debe consumir el tiempo y dedicación de sus responsabilidades y no compatibilizarlo con viajes y estancias a Madrid", propias en el desempeño de los cargos de senador o diputado nacional.

En su opinión, es "poco menos que imposible" prestar la dedicación que "necesitan" la Presidencia autonómica o estar al frente de una Consejería si también se desempeñan labores en la Cámara Alta o en la Cámara Baja. "El PP pondrá ahínco para que se suprima esa compatibilidad", advirtió Albalá.

En la misma línea, apostó porque el régimen de la futura ley sea "más severo" a la hora de compaginar el cargo de consejero y la "inmensa responsabilidad" que conlleva, con actividades docentes y de investigación. "Que sean compatibles pero con más rigor, serenidad y coto", defendió.

ÁMBITO LOCAL.

No obstante, --y a pesar de que queda fuera del ámbito del proyecto de ley--, el parlamentario consideró que tiene "sentido" que los alcaldes estén sin embargo representados en el Congreso y el Senado ya que, en su opinión, la presencia de los regidores municipales en ambas cámaras ha "tapado y maquillado" el "enorme vacío e inercia hacia el Pacto Local".

"Un alcalde puede sacar mucho del ámbito local" y "tapar parcialmente ese hueco", estimó Albalá al tiempo que recordó que "típica e históricamente, el Congreso y el Senado han estado llenos de alcaldes de capitales de provincias españolas".

Además, subrayó que los consejeros y presidentes autonómicos tienen "mecanismos más que suficientes" para influir en los debates y decisiones que se adoptan en las cámaras.

"OLVIDADO".

El diputado del PP, --que defendió la necesidad de la ley puesto que si bien "no existe un vacío legal" en la materia la norma de 1984 se ha quedado obsoleta--, consideró que el ámbito subjetivo de aplicación se define "perfectamente" en el artículo 1, aunque "queda olvidado" a lo largo de la norma. De ahí, una enmienda del PP para corregir esta "aparente desviación".

Otras de las introducciones planteadas por la oposición persigue enmendar un "error de redacción" ya que uno de los artículos atribuye a la inspección general de servicios la autorización de ciertos altos cargos, consejeros incluidos, cuando esta función compete en realidad al Consejo de Gobierno. "Una autorización no puede darla un funcionario", explicó.

Finalmente, y respecto al último artículo de la ley que hace referencia a las sanciones a los altos cargos cuando incurren en conductas inadecuadas, Albalá señaló que es un título "bastante subjetivo" por lo que "no vale la pena" enmendarlo.

A su juicio, lo "importante" es que "se descubran y denuncien situaciones inadecuadas". En consecuencia, el PP ha solicitado que los listados sobre el cumplimiento de la norma "lleguen" a la oposición semestralmente, y no anualmente como propone la ley. "El castigo nos parece menos importante que el conocimiento en el Parlamento y en la sociedad de esas conductas", concluyó.