MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) - La vicesecretaria de Política Social del PP y alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha explicado que el rechazo de su partido a la propuesta de senda de estabilidad presentada por el Gobierno a los ayuntamientos en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), al entender que flexibilizar los objetivos para las administraciones públicas tendrá un coste que pagarán al final los ciudadanos. "Para poder gastar más hay que financiar el gasto y esa financiación sólo puede venir o de más deuda o de más impuestos", ha dicho Gamarra en declaraciones previas a la reunión de la CNAL este miércoles, comisión que reúne a los Ministerios de Hacienda y de Política Territorial con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Gamarra, que encabeza la representación del PP en la FEMP, de la que es vicepresidenta, ha rechazado que se pretenda relajar la senda de estabilidad y se quiera ampliar el margen tanto para el Estado como para las Comunidades Autónomas. Ha recordado que las entidades locales cumplen con el objetivo de déficit cero desde 2012 y que esto les da legitimidad para reclamar que no se amplíen los límites al resto de administraciones, porque o se financiará con deuda, que genera intereses, o con impuestos, "y afectará a los ciudadanos". Por otro lado, ha rechazado también el decreto que desarrolla el pacto contra la violencia de género y por el cual se modifica la Ley de de Régimen Local para conceder a los ayuntamientos competencias en servicios sociales, asunto tratado igualmente por la CNAL. Gamarra ha defendido la implicación municipal en la lucha contra la violencia machista y el apoyo a las mujeres, pero ha reiterado que no se puede modificar esa ley "vía decreto". Para conceder una competencia propia a los municipios, ha reivindicado, es necesaria una reforma ordinaria de la ley "y sin hurtar el debate parlamentario". La alcaldesa ha denunciado que el PSOE trate de gobernar así "con 84 diputados" y ha recordado que el PP estudiará el recurso de todo decreto ley que considere no justificado.
