5 de junio de 2020
 
Publicado 07/02/2020 19:16:56 +01:00CET

La práctica totalidad de los dictámenes del Consejo de Estado en 2018 fueron secundados por el órgano que los solicitó

La presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega durante su intervención en la inauguración de las jornadas 'El territorio nacional en la doctrina del Consejo de Estado' en el salón de Plenos del Consejo, en Madrid, a 18 de cotubre d
La presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega durante su intervención en la inauguración de las jornadas 'El territorio nacional en la doctrina del Consejo de Estado' en el salón de Plenos del Consejo, en Madrid, a 18 de cotubre d - Óscar Cañas - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 99% de los más de mil dictámenes aprobados por el Consejo de Estado en 2018 fueron secundados por la administración u organismo que los había solicitado, según figura en la última Memoria anual de este órgano consultivo.

La Memoria del Consejo de Estado de 2018, que ha sido presentada este viernes por su presidenta, María Teresa Fernández de la Vega, y por el consejero Fernando Ledesma, señala que en ese año se despacharon casi 1.200 expedientes y se aprobaron 1.030 dictámenes.

Tras emitirse esos dictámenes, hubo 824 resoluciones en las que los órganos que habían hecho la consulta acabaron aplicando el criterio del Consejo de Estado. Es decir, que en el 99% de los casos, los dictámenes del Consejo de Estado fueron secundados.

En cuanto a la naturaleza de los dictámenes, la mayor parte (81%) correspondían a actos administrativos, sobre todo reclamaciones de responsabilidad patrimonial, mientras que el 19% restante correspondía a normas como anteproyectos de ley, decretos legislativos, reales decretos (los más numerosos), decretos, órdenes ministeriales, tratados o convenios.

En la Memoria se pueden encontrar dictámenes referentes a asuntos muy variados, como los contratos de concesión de autopistas de peaje, reclamaciones de indemnizaciones solicitadas por empresas, normas de seguridad en la fabricación de juguetes o el cambio de apellidos solicitado por una menor para escapar de la violencia de género que sufría.

Respecto a los expedientes, el documento indica que 954 fueron remitidos por ministerios --principalmente, los de Justicia, Interior, Hacienda y Seguridad Social--, 121 por comunidades autónomas y los 19 restantes por diversos organismos, como el Banco de España.

NO UTILIZACIÓN POLÍTICA

En cuanto a las conclusiones de la memoria sobre la actividad del 2018, con un Gobierno de Rajoy hasta que en junio llegó al mismo Pedro Sánchez, De la Vega ha negado sentirse utilizados para intereses políticos y ha recalcado que la colaboración y relaciones con las instituciones "se desarrolla siempre con un trato absolutamente exquisito".

"Utilizados, bien utilizados, porque estamos para eso. Atendemos las preguntas que nos hace el Gobierno, ajustadas a lo que establece la Ley", ha indicado.

Preguntada de manera expresa por la influencia del conflicto catalán y la sucesión de recursos planteados por el Ejecutivo al Tribunal Constitucional que han requerido el informe del Consejo de Estado, la presidenta de la institución ha subrayado que la ley "impone" a los Gobiernos el deber de consulta y, tras oír su dictamen, "puede hacer lo que estime oportuno, recurrir o no recurrir".

Así, ha defendido que la independencia "es un valor importante en el ejercicio de la función consultiva" y ha reclamado la necesidad de velar porque se cumpla.

De la Vega se ha referido en concreto a los dictámenes del Consejo de Estado que inauguraron la fase de discrepancia entre la posición del organismo y lo que hizo luego el Gobierno y resolvió el Tribunal Constitucional sobre la decisión del Parlament de permitir el voto telemático a Puigdemont y de reprobar al Rey.

"El Gobierno pide una consulta, el Constitucional actúa desde la lealtad absolutamente institucional con arreglo a su criterio y luego el Ejecutivo hace lo que considera con ese dictamen. El TC seguirá actuando con arreglo al criterio que considere, con independencia absoluta y sujeción al principio de legalidad", se ha limitado a señalar.

Al respecto, Ledesma ha puntualizado que el Consejo de Estado tomó nota del criterio del TC y en un posterior dictamen sobre el mismo tema rectificó su posición y aplicó la doctrina del tribunal "porque eso es lo que manda hacer la ley". "Desde aquel día hemos aplicado rigurosa y estrictamente la doctrina del Constitucional", ha apostillado.

La presidenta del órgano consultivo también ha defendido que en el caso del dictamen contrario a que Mariano Rajoy acudiera a la comisión del Parlament sobre el 155 "estaba perfectamente motivado". "Ha habido muchos dictámenes más conteniendo esa misma doctrina. Está basado en los argumentos de las competencias y en un respeto escrupuloso a lo que establecen las leyes y la Constitución", ha dicho De la Vega.

En la misma línea se ha pronunciado Ledesma, que ha indicado que el dictamen contenía lo que "creíamos que con arreglo a Derecho" había de contener. "El Consejo de Estado no ofrece ni deja de ofrecer cortadas a nadie", ha apostillado.

FUTURO DE LA INSTITUCIÓN

En cuanto a la modificación del Código Penal para suavizar los delitos de sedición y rebelión, De la Vega ha recordado que todavía no se conoce el procedimiento que va a seguir el Ejecutivo al respecto, si lo hará mediante anteproyecto de ley o por una proposición en el Parlamento. "Nosotros como Consejo de Estado respetamos la iniciativa legislativa del Gobierno. Y si el Gobierno viene como anteproyecto a esta casa para que sea informado, lo informaremos con mucho gusto", ha puntualizado.

En rueda de prensa, la presidenta del Consejo de Estado ha adelantado los retos que se afrontar para el futuro de la institución, entre los que ha adelantado la intención de mejorar en materia de transparencia y mejora de la colaboración con instituciones análogas de otros países y con órganos consultivos.

QUE LOS EXPRESIDENTES PUEDAN SER CONSULTADOS PUNTUALMENTE

Sobre el funcionamiento de la institución, la exvicepresidenta del Gobierno ha dejado abierta la posibilidad de modificar la ley con el objetivo de que los expresidentes del Gobierno, que han renunciado a su derecho a formar parte de este órgano consultivo, puedan ser consultados en determinadas circunstancias porque "pueden aportar una experiencia muy importante y contribuir a la configuración de temas que se debaten en el mismo".

"Habrá que hacer a lo mejor una revisión de la ley para que los presidentes puedan formar parte del Consejo de Estado para poder intervenir en los asuntos que puedan tener interés, no estar aquí permanentemente (...). Con la mejor de las intenciones se estableció una regulación que probablemente no es la más adecuada para hacer que los presidentes puedan participar en momentos determinados y contribuir con su experiencia a configurar la doctrina en temas que puedan interesar al conjunto de la ciudadanía", ha defendido.