La presión de sus presos llevó a ETA a plantearse permitirles en Francia ventajas penitenciarias que les niega en España

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presión ejercida por los presos de ETA a la dirección de la banda llevó a finales del pasado año a la organización terrorista a plantearse medidas orientadas a flexibilizar su férrea disciplina penitenciaria abriendo la puerta a que sus internos pudiesen acceder a ciertos permisos penitenciarios en Francia, que hasta ahora les eran negados, según informaron a Europa Press fuentes de la lucha antiterrorista.

Este debate se ha visto corroborado ahora a partir de un documentos incautados a uno de los abogados de ETA detenidos el pasado 14 de abril en el que se recoge cómo la banda se planteó permitir a sus presos en cárceles francesas acceder a medidas de semilibertad, mientras abogaba por mantener la prohibición a sus reclusos en España de beneficiarse del régimen de tercer grado.

Concretamente, se trata de una carta mecanografiada en euskera encontrada en el despacho de la abogada Naia Zuriarrain. El documento está fechado en el mes de octubre de 2009 y en él la organización terrorista se dirige a sus 'bertsolaris' (abogados) y al Talde Coordinador (al que se refieren con las siglas 'K.T.'), grupo encargado de gestionar el colectivo de presos, desarticulado la semana pasada.

En la carta, que aborda temas carcelarios, ETA solicita "un informe sobre la posibilidad de acceder en Francia a medidas de semilibertad y que no cree contradicciones si la organización prohíbe acceder a la vez en España al tercer grado", explica el auto dictado el pasado lunes por el juez Grande-Marlaska.

Actualmente en Francia cumplen condena cerca de 170 presos etarras mientras que en las cárceles españolas el número asciende hasta 570 aproximadamente. Se trata de un número muy abultado que conforma un sector muy importante y de gran influencia en ETA y que, sin embargo, ve como su situación se agrava con el tiempo.

Al cumplimiento integro de las penas, las condenas cada vez más largas o la dispersión, se le suma en los últimos tiempos la frustración que supuso para ellos la ruptura del proceso de paz y la actual debilidad de la banda, lo que les arroja un futuro incierto dentro de las cárceles en las que, además, comprueban como la sucesión de casos de disidencia se premian con privilegios penitenciarios desde el Ministerio del Interior.

Históricamente, la banda terrorista siempre ha rechazado las medidas de semilibertad o el acceso al régimen de tercer grado al considerarlo propio de presos comunes (salvo en casos excepcionales por cuestiones de edad o de salud).

En su lugar, la banda exige la concesión de la libertad condicional a todos sus presos que hayan cumplido las tres cuartas partes de su condena, obviando que para ello es necesario un informe favorable de Instituciones Penitenciarias en el que se acredite la rehabilitación del preso y su desvinculación de la violencia etarra tal y como establece el Código Penal.

No sería la primera vez que ETA flexibiliza su disciplina penitenciaria en este sentido. Ya en el año 2003, coincidiendo con la aprobación de la última reforma del Código Penal en la que se endurecían las penas por casos de terrorismo y se establecía su cumplimiento íntegro, la banda hizo llegar de manera repentina al juez de vigilancia penitenciaria decenas de comunicaciones en las que se solicitaba el tercer grado para todos sus presos con las tres cuartas partes de su condena cumplidas.

Fue en el mes de octubre de 2003 y, en todos los casos, se trataba del mismo escrito, lo que no ofrecía dudas de que se trataba de una decisión orgánica, señalaron a Europa Press fuentes penitenciarias. En aquel momento, las fuerzas de seguridad enmarcaron este movimiento como una reacción a la reforma del Código Penal, pero también como una toma de temperatura al nuevo juez de Vigilancia Penitenciaria, Javier Gómez Bermúdez, actual presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

EMPARANTZA Y GOYOAGA

Lo significativo de aquella iniciativa es que los dos abogados que se encargaron de hacer llegar las peticiones al magistrado fueron Jon Emparantza, alias 'Mik Mik', e Iñako Goyoaga, alias 'Dioni', dos de los principales integrantes del entramado de abogados recientemente desarticulados, que actuaban de correo entre la dirección de la banda y los presos, recordaron las mismas fuentes, que destacaron los múltiples errores en los que incurrieron a la hora de hacer llegar al juez las comunicaciones.

En primer lugar, la lista de presos para los que solicitaron el tercer grado estaba desactualizada, llegando a pedir esta medida penitenciaria para casos en los que el preso ya se encontraba en libertad. Asimismo, acudieron al juez en primera instancia cuando el procedimiento establece que este tipo de peticiones deben cursase a Instituciones Penitenciarias. Finalmente, todas las solicitudes fueron rechazadas.