PALMA DE MALLORCA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
El ex concejal de Turismo, Gabriel Cardona, y el ex teniente de alcalde de Urbanismo, Avel.lí Casasnovas, han pasado a última hora de la mañana de este jueves a disposición judicial para prestar declaración ante la juez que instruye la Operación Xoriguer, la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ciutadella, Raquel Martínez, según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.
Los dos detenidos han pasado su segunda noche en las dependencias de la guardia Civil en Ciutadella, después de que el pasado martes fueran arrestados en el marco de este nuevo caso de presunta corrupción en Menorca. Así, tras tomarles declaración, la juez decidirá sobre su situación procesal.
Con las declaraciones de Cardona, quien ayer se negó a declarar ante los fiscales Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán, y de Casasnovas, se pone fin a la ristra de comparecencias ante la juez, Guardia Civil y Fiscalía que han tenido lugar desde que el pasado martes fueron detenidas seis personas, cuatro en Maó y dos en Palma, dentro de este caso de presunta corrupción, que investiga el presunto amaño de concursos para favorecer a determinadas empresas desde el área de Turismo del Ayuntamiento de Ciutadella.
Así, en la pasada madrugada quedaron el libertad con cargos después de declarar ante la juez Martínez el ex alcalde de Ciutadella, Llorenç Brondo, y el empresario local Manuel Mercadal.
El ex primer edil de Ciutadella fue detenido en la mañana del martes, y tras declarar ante los fiscales anticorrupción ayer por la tarde, prestó declaración, a altas horas de la noche, ante la juez, quien le dejó en libertad con cargos. Este miércoles también se tomó declaración en calidad de imputada a la concejal del Grupo Mixto Antonia Salord, quien fue dada de baja de UMe tras conocerse su imputación.
Asimismo, también quedaron en libertad a lo largo del día de ayer los dos detenidos en Palma: Javier Arturo L.L., de 42 años, y Daniel A.F., de 40 años, relacionados con la empresa SAB, después de prestar declaración ante la Guardia Civil y los fiscales.
El caso, que está bajo secreto de sumario, se inició con la interposición de una querella criminal por parte de Unió d'es Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) en contra de Brondo, Cardona y Casanovas, a raíz de la presunta utilización de empresas fantasma a fin de dar apariencia de legalidad a varios concursos del CITUR, presuntamente amañados con la connivencia de los concejales.
