Un presunto testaferro del 'caso Hidrocarburos' dice que aceptó administrar una empresa pantalla por las drogas

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Iván Castañer, uno de los presuntos testaferros investigado en la causa en la que la Audiencia Nacional indaga en un posible fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos en el que habría participado Víctor de Aldama --presunto conseguidor del 'caso Koldo'--, ha señalado este jueves que desde la trama le propusieron aparecer como administrador de una empresa pantalla y, como tenía problemas con el alcohol y las drogas, y dado que sus padres le echaron de casa, aceptó.

Fuentes jurídicas, consultadas por Europa Press, han señalado que, además, Castañer ha explicado que la propuesta le llegó por un conocido que le puso en contacto con otro de los investigados, Santiago Cirera, pero que a pesar de la promesa de obtener dinero por ello finalmente no recibió ni un euro.

Según los atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) que constan en el sumario, este presunto testaferro figura como administrador único de la sociedad Skyward Tech SL --fundada por Cirera--, otra de las suministradoras interpuestas por Villafuel SL --operadora de hidrocarburos que se ubica en el epicentro de la trama-- "para, a través de ella, cometer la defraudación al simular la transmisión de productos petrolíferos, asumiendo la responsabilidad del impago del impuesto correspondiente".

Además, según la UCO, esta suministradora era utilizada por la organización criminal "para canalizar fondos de procedencia delictiva a China". De hecho, en su declaración ha explicado que tras comprarle un traje y firmar en un notario, fue a abrir una cuenta bancaria a una sucursal cercana al domicilio de Cirera, y éste le mandaba órdenes por el móvil para realizar transferencias.

En su declaración, sin embargo, ha negado haber conocido a Víctor de Aldama o a Claudio Rivas, los presuntos líderes del entramado societario, y ha incidido en que simplemente hacía lo que le ordenaban.

Este jueves también estaban citados otro presunto testaferro, Jaime Salmerón, que no ha podido ser localizado para entregarle la citación, y la responsable de Villafuel SL María Luisa Rivas --hermana de Claudio Rivas-- que se ha acogido a su derecho a no declarar y que ha adelantado que sí lo hará en cuanto tenga acceso a toda la documentación porque su intención es colaborar con la justicia.

LOS 2,7 MILLONES A VILLAFUEL

Se da la circunstancia de que precisamente hoy ha trascendido un escrito presentado por Villafuel SL ante el juez en el que destaca que la operadora no usó dinero transferido por otra empresa investigada, Combustibles Lucinala, para obtener esa licencia de operadora en España.

Recuerda que la empresaria Carmen Pano dijo en su declaración judicial que Combustibles Lucinala transfirió un importe de 2,7 millones de euros a Villafuel, y afirma que es cierto que recibió esa cantidad el 21 de julio de 2022, en concepto de 'pago a cuenta pedido combustibles'.

Pero añade que Pano omitió que ese dinero "fue íntegramente devuelto" al día siguiente en concepto de 'anulación de pedidos' porque "no existía constancia de estos pedidos y dichas operaciones no cumplían con la normativa interna de cumplimiento normativo de la compañía".

Cabe recordar que la normativa vigente obliga a las aspirantes a ser operadoras al por mayor de productos petrolíferos tener una capacidad financiera de, al menos, tres millones de euros.

LA OPERATIVA PARA DEFRAUDAR EL IVA

El juez investiga en esta causa una operativa orquestada a través de la operadora Villafuel SL para defraudar el IVA en el sector de los hidrocarburos --cuantificado por la Guardia Civil en 231,7 millones de euros y que se habría realizado entre 2021 y 2024--, un tipo de delito que cuenta con diversas causas abiertas en varios de los juzgados centrales de la Audiencia Nacional.

En uno de los atestados se explica el esquema básico de este tipo de fraude, y los agentes señalan que todo arranca cuando la organización criminal se hace con una operadora al por mayor de productos petrolíferos.

Esta operadora va a los depósitos fiscales --donde se almacena el producto-- a comprar el combustible y en ese trámite solo abona los impuestos especiales pero no el IVA. Por ley, esa operadora solo debe mandar a la Hacienda Pública el IVA una vez que lo ha repercutido, o cobrado, a las gasolineras que le compran el producto a un precio más IVA.

Con esta base, el fraude consiste básicamente en dejar de ingresar el IVA que repercute, es decir, el IVA que recibe de las gasolineras, que son las minoristas. Y, puesto que la operadora no soporta prácticamente ningún IVA, las cantidades que deberían ingresar son cercanas a la totalidad de lo repercutido, sin embargo, no lo abonan.

Si bien este es el esquema básico del fraude, según la UCO las organizaciones criminales han ido evolucionando en su estructura y métodos por la presión judicial y policial y ahora interponen nuevas mercantiles en el esquema.

El objetivo es "perfeccionar el velo de los que verdaderamente dominan la organización criminal" y "salvaguardar las operadoras de hidrocarburos de posibles inhabilitaciones" dado que obtener ese título de operador es complicado.