Pretoria.- Anticorrupción recurre la rebaja de las fianzas de Prenafeta y Alavedra porque "no eran desproporcionadas"

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido en reforma el auto de la Audiencia Nacional que acordó rebajar de un millón a 200.000 euros las fianzas que el juez Baltasar Garzón impuso a los ex altos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, imputados en el 'caso Pretoria', al considerar que las acordadas por el magistrado instructor "no eran desproporcionadas".

El Ministerio Público defiende en dos escritos dirigidos a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, que acordó el pasado día 19 la rebaja de las fianzas, que la "desproporcionalidad" aducida por el tribunal para admitir parcialmente los recursos de apelación de Alavedra y Prenafeta "no existe" a tenor de "los hechos imputados y la participación de cada uno de los implicados".

Así, recuerda que el presidente de la inmobiliaria Espais, Lluís Casamitjana, que intervino "en los mismos hechos" que los dos ex altos cargos de CiU se encuentra desde el pasado 30 de octubre en libertad bajo fianza de medio millón de euros, situación procesal que la Sala confirmó el pasado 9 de diciembre. Los tres están imputados por asociación ilícita, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, y Casamitjana, además, por delito contra la Hacienda Pública.

En todo caso, la Fiscalía considera que en lo referido al delito de tráfico de influencias la conducta de Alavedra y Prenafeta tiene "una mayor relevancia aun cuando la reacción penal sea la misma", en tanto que eran ellos, "con sus relaciones y ascendencia sobre autoridades y funcionarios, los que acababan consiguiendo resoluciones favorables a los intereses de Casamitjana".

CUATRO DELITOS DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Además, el Ministerio Público sostiene que a los dos ex altos cargos de CiU debería atribuírseles cuatro delitos distintos de tráfico de influencias, en relación con sus actuaciones en la 'Operación Badalona', la 'Operación Niesma', la venta de un edificio a la Generalitat de Cataluña y la realización de una promoción en Cerdanyola del Vallés (Barcelona). "Estaríamos hablando de cuatro delitos castigados cada uno de ellos con un año", apuntan los dos escritos.

La Sección Cuarta acordó rebajar las fianzas de los dos imputados al considerar que aunque persistía "el riesgo de fuga, de destrucción y ocultación de fuentes de prueba y de reiteración delictiva" por parte de los dos imputados, éste podía ser conjurado con una fianza inferior a la impuesta por el juez.

La Sala defendía en dos autos, a los que tuvo acceso Europa Press, que los dos ex altos cargos de CiU han venido cumpliendo "rigurosamente el régimen de comparecencias periódicas que se le impuso con ocasión de su puesta en libertad provisional", que Garzón acordó el pasado 7 de diciembre.

En todo caso, el tribunal atribuía tanto a Prenafeta como a Alavedra "una relevante participación en un supuesto entramado empresarial dedicado a conseguir terrenos y recalificaciones urbanísticas, aprovechando los cargos institucionales y los contactos políticos y empresariales de los distintos componentes del grupo presuntamente delictivo investigado, con obtención de remuneraciones supuestamente al margen de las vías legales, que se repartía con otros cinco imputados".

20 IMPUTADOS PERO SÓLO UNO EN PRISIÓN

En este procedimiento, que investiga operaciones urbanísticas presuntamente irregulares llevadas a cabo en los municipios barceloneses de Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Andreu de Llavaneres, están imputados un total de 20 personas. El único que se encuentra en prisión es el cerebro de la trama y ex diputado del PSC, Luis García, 'Luigi', al que la Sala de lo Penal mantuvo en prisión en diciembre pasado para evitar que pudiera destruir pruebas.

Además, permanecen en libertad bajo fianza el ex alcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz (PSC) y los presidentes de Espais y Proinosa, Lluís Casamitjana y Josep Singla, respectivamente (todos con 500.000 euros); el ex concejal de Urbanismo de Santa Coloma Manuel Dobarco (200.000 euros); el consejero delegado de Limasa Mediterránea, Manuel Carrillo (100.000 euros); y el director gerente de Servicios de Santa Coloma, Pasqual Vela (25.000 euros).