El primero de los seis expedientes a guardias civiles por manifestarse no propone sanción alguna para el agente

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primero de los expedientes que se ha cerrado, de los seis que se abrieron a otros tantos guardias civiles por manifestarse junto a los sindicatos policiales el pasado 18 de octubre, no propone sanción alguna para el agente del Instituto Armado, informaron a Europa Press fuentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). En todo caso, depende del director general de Policía y Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, la decisión última de sancionar a este agente, el secretario de Organización de AUGC, José Antonio Agudo, y a los otros cinco expedientados.

AUGC ha interpretado la propuesta de archivo del expediente realizada por el instructor encargado de la investigación a Agudo como un espaldarazo a su interpretación de la Ley de Derechos y Deberes, según la cual los guardias civiles tienen derecho a manifestarse. Interior defendía que al ser convocado por los sindicatos policiales, la manifestación era un acto "sindical" y los guardias civiles tienen prohibidas las actividades de este tipo.

"Siempre hemos defendido la nulidad y el sobreseimiento de los expedientes por los guardias civiles son ciudadanos libres amparados por la Ley de Derechos y Deberes", declaró el líder de AUGC, Alberto Moya, a Europa Press. Al tiempo, Moya saludó el archivo del expediente como "un primer paso hacia el clima de negociación" que debe regir el nuevo Consejo de la Guardia Civil, órgano de interlocución entre guardias y Administración a través de las asociaciones, para el que se celebraron elecciones el pasado 22 de enero y en las que AUGC consiguió nueve de los 15 vocales en juego.

El trámite implica que el instructor, tras tomar declaración al expedientado y recabar toda la información que considera necesaria, redacta sus conclusiones y eleva una propuesta de sanción al director. Existe la posibilidad de que el director general rebaje la propuesta de sanción o, por contra, ordene continuar investigando y que el guardia civil pueda ser finalmente sancionado. Al tratarse de un expediente por falta muy grave, el Consejo Superior, que integran los generales del Cuerpo, emitirá un dictamen preceptivo, pero no vinculante.

SEIS EXPEDIENTES.

Agudo fue expedientado por significarse especialmente durante la manifestación convocada por los sindicatos de la Policía en demanda de mejoras salariales para los miembros de ambos Cuerpos. En su caso, portaba la pancarta junto a líderes sindicales de la Policía y a otros cuatro expedientados, el secretario general de su asociación, Alberto Moya, el responsable de Comunicación, Juan Antonio Delgado Ramos, el presidente Unión de Guardias Civiles (UGC), Miguel Angel Lezcano, y el responable de esta asociación en Cataluña, Bartolomé Vargas.

Velázquez dictó una circular días antes de la manifestación en la que advertía de que los agentes que concurriesen a la misma podrían cometer dos faltas muy graves, una por participar en un acto de naturaleza sindical, y otra por desobedecer la orden de no acudir que se daba por medio de esa circular interna. De los alrededor de 40 agentes identificados, con más o menos dudas, por el Servicio de Información, se decidió abrir expediente a seis, aunque dos de ellos, los dirigentes de UGC expedientados, no hicieron declaraciones a los medios, ni se pusieron al frente de la marcha.