ALICANTE, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
El titular del juzgado de primera instancia número 3 de Orihuela (Alicante) ha decretado prisión eludible con fianza de 300.000 euros --que se suma a la impuesta en 2007 por el mismo caso-- para el empresario Ángel Fenoll por el denominado caso 'Brugal', han explicado este viernes a Europa Press fuentes cercanas al caso, si bien no han especificado los delitos que se le imputan.
El magistrado encargado de esta causa, que instruye el llamado caso 'Brugal' por presuntas irregularidades en la contrata de los servicios de tratamiento de basuras en la Vega Baja, ha adoptado esta medida tras tomar declaración este viernes al empresario oriolano.
Ángel Fenoll ha accedido al juzgado número 3 de Orihuela cerca de las 12.55 horas, donde estaba citado para declarar a las 13.00 horas de este viernes, mientras que su hijo, Antonio Ángel Fenoll, ha acudido sobre las 11.43 horas, puesto que estaba citado a las 12.00 horas. A su llegada, Fenoll y su hijo han señalado que se encuentran "tranquilos" y que "no saben qué se les imputa", debido "al secreto de sumario".
El empresario ha salido del juzgado cerca de las 16.20 horas de este viernes en un furgoneta aparcada a la puerta del edificio judicial. De esta manera, Fenoll ha eludido responder a los medios de comunicación desplazados hasta los juzgados de Orihuela.
La misma fuente ha explicado que a Antonio Ángel Fenoll, el magistrado le ha impuesto una fianza de 100.000 euros, que se suma a la ya impuesta en el año 2007, cuando se abrió la causa.
FENOLL INVESTIGADO EN 2007
El juzgado de instrucción número 3 de Orihuela ya investigó en el año 2007 al empresario Ángel Fenoll, vinculado a la esfera del Partido Popular, que fue detenido ese año y, tras prestar declaración, fue enviado a prisión por un presunto delito de extorsión con grabaciones.
El empresario oriolano era uno de los cinco candidatos para gestionar la basura de este municipio de la comarca alicantina de la Vega Baja, y grabó con cámara oculta cintas en sus reuniones con empresarios y responsables políticos alicantinos.
El estudio de esas grabaciones provocó la apertura de nuevas diligencias en el marco de la llamada operación 'Brugal', que han desembocado en las actuales detenciones.
