CSIF pide eximir del servicio al personal vulnerable, ve insuficientes los test y mascarillas facilitadas y piden control de temperatura
MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -
Instituciones Penitenciarias está ultimando su plan de desescalada tras aislar las cárceles como medida de prevención ante la pandemia de coronavirus en una estrategia acogida con recelos por organizaciones sindicales, que se oponen a recuperar los permisos de salida y las comunicaciones en locutorio. También ven insuficientes los test y mascarillas facilitados y piden medidas como el control de temperatura.
Fuentes penitenciarias consultadas por Europa Press han puesto en valor las medidas adoptados que han permitido que se registren 60 positivos entre una población reclusa de 50.000 personas y señalan que "en próximas fechas" está previsto que se apruebe la orden del Ministerio del Interior para iniciar la desescalada hacia lo que se conoce como nueva normalidad.
Con el objetivo de avanzar en el plan, este lunes se celebró una reunión entre Instituciones Penitenciarias y los sindicatos. CSIF ha expresado hoy sus dudas en dos de los puntos que se plantean: reanudar las comunicaciones en locutorios --en turnos de mañana y tarde todos los días excepto uno para realizar tareas de desinfección-- y restablecer los permisos de salida, tanto extraordinarios, como ordinarios previamente autorizados.
La tercera medida, sobre la que CSIF no plantea queja, es que se vuelvan a realizar traslados de internos por orden judicial, motivos sanitarios o regimentales, siempre que por razones excepcionales se autoricen.
MÁS MEDIDAS DE PROTECCIÓN
"Nos hemos opuesto a las dos primeras medidas porque nos parecen prematuras y no ofrecen garantías sanitarias ni para los internos ni para los trabajadores", ha señalado CSIF, que pide el cierre "inmediato" de los talleres productivos en las cárceles --autorizado por Prisiones hace días-- "para prevenir más contagios por coronavirus, salvo en el caso de que fabriquen material sanitario de primera necesidad".
CSIF ha advertido de que es "inadmisible" que no se exima del servicio presencial al personal incluido en los grupos de riesgo, como mayores de 60 años o personas con diabetes y enfermedades cardiovasculares, entre otros, remitiéndose a una instrucción del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
Respecto a equipos de protección, CSIF ha asegurado que la Secretaría General les ha trasladado que se ha destinado un millón de euros y repartido 400.000 mascarillas. "La realidad es que no se ha distribuido el material suficiente ni con la periodicidad adecuada: se reparten mascarillas con un uso homologado de cuatro horas para casi 40 horas de trabajo, intolerable tras casi 60 días de emergencia sanitaria", han denunciado.
Desde el sindicato denuncian, además, que "desde hace semanas" no se han realizado a todo el personal ni los test rápidos ni PCR, ni tampoco se les ha dotado de los equipos de protección adecuados. En este sentido, plantean medidas preventivas como que se deben instalar arcos para la desinfección exterior de vehículos y cámaras térmicas (infrarrojas) en los centros, con tecnología de identificación de estados febriles.
PETICIÓN DE PARTIDOS PARA EXCARCELAR PRESOS
Desde Instituciones Penitenciarias se remiten al plan de desescalada en coordinación con el Ministerio de Sanidad y evitan valorar otras propuestas como la lanzada por nueve formaciones políticas, entre las que están Unidas Podemos, Más País y partidos nacionalistas e independentistas, que urgen al Gobierno a tomar medidas alternativas a la privación de libertad para presos vulnerables, a los que proponen que sean excarcelados o acercados a cárceles de sus lugares de procedencia.
Prisiones recuerda que tomaron las primeras medidas antes incluso de que entrara en vigor el real decreto del estado de alarma aprobado el 14 de marzo por el Consejo de Ministros, lo que derivó en la instrucción para suspender de forma generalizada las salidas por permisos programados y también las visitas o las comunicaciones físicas en los centros. Como alternativa, se permitieron más llamadas telefónicas.
Las citadas fuentes subrayan que la afectación por el Covid-19 en las prisiones de la Administración Central es cuatro veces inferior a la de la población en general, con 60 presos contabilizados con positivo en coronavirus, de los que 14 están dados de alta. En el caso de funcionarios públicos, ronda los 240 contagios registrados. Algunos sindicatos desconfían de estas cifras y dicen que son más los afectados.
Instituciones Penitenciarias ha contabilizado desde el inicio de la crisis sanitaria seis fallecidos víctimas del Covid-19. El último fue este domingo, cuando murió el jefe de servicios de la prisión de Teruel. Antes perdieron la vida otros tres trabajadores penitenciarios y dos internos. La población reclusa ronda los 50.000 internos y son 24.000 los trabajadores públicos de las prisiones.
