Procesan a Iqoxe y tres directivos por presunta imprudencia en la explosión con tres muertes

TARRAGONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La jueza que investiga la explosión en la empresa Iqoxe de La Canonja (Tarragona) el 14 de enero de 2019, donde murieron tres personas, ha terminado la instrucción y ve indicios de delito por lo que ha procesado a la empresa y a sus tres principales directivos en el momento.

En concreto, se trata del los entonces ceo de Iqoxe, director de la planta de Tarragona y jefe de servicios generales de seguridad y medioambiente de la empresa, y están procesados por los presuntos delitos de imprudencia grave con resultado de muerte y lesiones, contra los derechos de los trabajadores y presuntos estragos.

La magistrada del Juzgado de Instrucción 1 de Tarragona cree que la causa de la explosión podrían ser "las deficientes condiciones en que se desarrollaba la actividad industrial" y también apunta a la sobreproducción, la falta de personal, el incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, deficiencias en las instalaciones y equipos, falta de medidas de seguridad, deficiencias en el funcionamiento y activación de los planes de Protección Civil, y que no tenía homologado su plan de autoprotección de emergencia exterior.

La empresa, a través de los directivos procesados, implantó una política de aumento de la producción y de reducción de costes --produjo un 39,2% en los cuatro años anteriores a la explosión, y las ventas subieron 62%-- de la que "derivó un deficiente mantenimiento de las instalaciones y el ejercicio de la actividad sin las debidas condiciones de seguridad" industrial, laboral y de protección interior y exterior frente a accidentes graves, y además con una cantidad insuficiente de empleados.

Esto implicó "unas deficientes condiciones de producción, trabajo y seguridad en la empresa, al priorizarse la producción y rentabilidad, con reducción de costes, sobre la seguridad", y entre 2016 y 2019 la empresa aumentó sus instalaciones y pasó de tener tres reactores a cinco.

BOMBEROS AL CONTROL DE ACCESOS

El auto de la jueza recoge que los trabajadores habían expresado reiteradamente su preocupación por la seguridad, y tras tomar declaración a varios de ellos expone que "refieren de forma uniforme una situación de estrés laboral, ante el aumento de la demanda y el exceso de tareas", y también había habido un recorte de plantilla a pesar de que se había puesto en marcha un nuevo reactor.

La jueza añade que la empresa aplicó esta misma política de recortes a sus empresas subcontratadas, y en concreto explica que a los trabajadores del servicio de extinción de incendios, que hacía a través de la empresa Falk, "se les adjudicaban otras tareas a realizar como control de accesos, trasladar muestras a laboratorio, funciones de portería (sustituyendo al personal de portería en su horario de descanso), repartir el correo y recoger la hoja de producción cada mañana a primera hora".

El plan de prevención de riesgos de la empresa no estaba actualizado y "no cumplía los mínimos que establece la normativa vigente", y la jueza también tiene indicios que los equipos de protección individual que usaban los trabajadores no eran los requeridos por el propio procedimiento de la empresa ante el óxido de etileno, producto con el que trabajaban, y añade que siniestralidad laboral ascendió progresivamente entre 2014 y 2019.

ALARMAS APAGADAS

Cuando empezó a funcionar el nuevo reactor en 2019 contaba con diferentes sistemas de alarma visuales y sonoras, pero "desde meses antes de la explosión, y como quiera que las alarmas sonaban con un ruido molesto, fueron silenciadas dichas alarmas sonoras" y no había un empleado que estuviera vigilando siempre los paneles visuales.

El día de la explosión de un reactor, se estaba fabricando un producto inusual en Iqoxe, que la empresa sólo había elaborado seis veces antes --en todas se detectó problemas en la fabricación-- y esta vez lo hacían en un lote inferior al que habían hecho las otras veces, por lo que el jefe de planta ordenó reajustar la fórmula.

Entre las 15 y las 16 horas se detectó que se había quemado la fibra de la bomba del circuito pequeño del reactor, por lo que empezó a salir humo, y el contramaestre jefe de turno --que murió en el hospital tras la explosión-- comprobó que había una fuga de gases.

UNA VÍCTIMA QUERÍA PARAR EL REACTOR

Sin embargo, tras una reunión del jefe planta --fallecido en la explosión--, el supervisor y el jefe de turno decidieron continuar con la producción a pesar de que el contramaestre dijo que era partidario de parar el reactor.

Entre las 18 y 18.40 horas, la mezcla del reactor entró en estado de agotamiento pero la jueza concluye que en todo este rato "ningún operador atendía la pantalla de control, de modo que no se hizo un seguimiento de la reacción, puesto que las alarmas sonoras estaban silenciadas y únicamente se disponía de alarmas visuales en pantalla", y a las 18.40 horas fue la explosión

TERCERA VÍCTIMA Y AFECTADOS

La tercera víctima de la explosión murió por el impacto de un fragmento del reactor, que salió despedido en distintas direcciones, y ese en concreto se desplazó hasta 2.480 metros y golpeó al hombre en su vivienda, en el barrio de Torreforta.

También resultaron heridos 10 trabajadores de Iqoxe y tres personas fuera de la empresa, y hay 28 vecinos de Tarragona perjudicados por daños en sus viviendas, entre ellos en la fachada de un edificio que recibió el impacto de un fragmento de acero de dos metros de largo por uno de ancho y seis centímetros de grosor.

En la causa también constan como perjudicados una empresa de Tarragona y el Ayuntamiento por daños en varios espacios municipales, el Ayuntamiento de La Canonja por daños materiales directores y 16 vecinos de este municipio por daños en viviendas, además de ocho empresas colindantes a Iqoxe por daños a las instalaciones.