Adjudicada por 22,5 millones la renovación de firmes de las carreteras autonómicas de la provincia de Cádiz

CÁDIZ 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El perfil del contratante de la Junta de Andalucía ha publicado la adjudicación de los dos contratos de renovación de firmes de las carreteras de titularidad autonómica de la provincia de Cádiz, por un coste para la administración de 22,5 millones de euros, actuándose sobre los tramos más deteriorados de la red autonómica.

Los dos contratos recientemente adjudicados tienen como objetivo garantizar "unos niveles adecuados de seguridad y comodidad" para los usuarios de las carreteras, así como mejorar las características estructurales de los tramos más deteriorados que se han detectado en la provincia de Cádiz, ha indicado la Junta en una nota.

Para ello, se ha realizado un análisis del estado de la red viaria autonómica para asegurar una adecuada ejecución de las capas de firme.

El contrato se ha dividido en 16 lotes en Andalucía, dos por provincia, con un reparto económico equilibrado y con todas las provincias con el mismo montante salvo las provincias de Cádiz y Sevilla, que por números de kilómetros y estado de las vías han percibido mayor cantidad.

En el caso de Cádiz, el primer lote, correspondiente a la zona sur de la provincia, se ha adjudicado a la UTE conformada por Mebisa y Jicar por 8,9 millones de euros, mientras que el segundo lote, que abarca el norte, ha recaído en la UTE Probisa y Pavimentos Asfálticos Andaluces por 13,5 millones.

Las actuaciones previstas en los pliegos incluyen la reparación de blandones y baches; el fresado del pavimento y su reposición; la recuperación de la explanada y de las capas inferiores del firme; el extendido de mezclas bituminosas; el sellado de pavimentos; el repintado de la señalización horizontal; la reposición o elevación de elementos de contención; la reposición de elementos de balizamiento existentes; la reposición de juntas de dilatación en estructuras y la reposición de espiras en estaciones de aforo.

Estos contratos, con una duración estimada de siete meses, tienen la posibilidad de prórroga, lo que implicaría un aumento de las partidas y los tramos de vía atendidos.