BARCELONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
El líder del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí, ha asegurado este miércoles que su grupo "no retirará" el contencioso para reclamar que se anule el acuerdo del 27 de noviembre del año pasado con el que Govern y Gobierno municipal pactaron que la Generalitat devolvería 25 millones que la capital catalana le prestó en 2011 para invertir en Spanair --que al poco quebró-- con obras ya ejecutadas o pactadas antes de firmar el préstamo.
En un encuentro con los medios, ha explicado que el ejecutivo municipal de CiU ha hecho llegar al PSC el acta de la reunión de la Comisión de Seguimiento del convenio del 3 de junio, y que en ella no anula el acuerdo del 27 de noviembre, por lo que "continúa regalando 25 millones a la Generalitat", por lo que mantiene el contencioso presentado el viernes ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
El primer teniente de alcalde, Joaquim Forn (CiU), aseguró el 19 de junio en Comisión de Presidencia y Régimen de Interior que en la reunión con el Gobierno catalán se había rectificado parcialmente, estableciendo que seguían pendientes de pago 16,5 millones correspondientes al coste de las residencias de Via Favència --8,9 millones-- y Mas Sauró --6,6--, iniciadas antes de la firma del préstamo.
En el acta de la Comisión de Seguimiento del convenio no menciona esta rectificación, y sólo establece que las nuevas obras o inversiones que se podrán evaluar durante la vigencia del convenio --se entiende que para pactar una nueva forma de devolución de la deuda-- serán aquellas en que "una parte o la totalidad de la inversión se haya meritado o se merite" tras la firma del convenio que estableció el préstamo de 25 millones.
CUENTAS "NO CUADRAN"
Martí también ha manifestado que su grupo presentó este martes las alegaciones a la liquidación de las cuentas del Ayuntamiento del año pasado, con las que, entre otros aspectos, reclama una rectificación contable en el remanente de tesorería.
Ha asegurado que el ejecutivo de Trias ha retirado 132 millones que le debe la Generalitat del provisionamiento de la contabilidad de 2012 --el PSC lo había pedido para garantizar el cobro de esta deuda--, pero que "sigue provisionando esta cantidad en el remanente de tesorería" y como ingresos de difícil cobro.
Lo ha valorado como una doble contabilidad que no cuadra, ha pedido que la rectificación sea completa y que se fije cómo el Govern devolverá esta deuda: "Lo más importante de una institución solvente no es solo serlo a nivel económico, sino dar las explicaciones más claras posibles".