PSC veta el proyecto de ley de alquiler y acusa al Gobierno de buscar la "precarización" también de los inquilinos

MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSC ha registrado un veto en el Senado contra el proyecto de ley de alquiler presentado por el Gobierno, al que acusa de buscar la "precarización" de los inquilinos como la de los trabajadores con la reforma laboral. "Va a ser perjudicial".

Así ha resumido la iniciativa el senador del PSC Carlos Martí, miembro del grupo parlamentario de la Entesa pel Progrés de Catalunya. Martí ha explicado esta mañana en el Senado que su partido veta el proyecto e intentará también enmendarlo, aunque con pocas posibilidades, ha admitido, de lograr introducir ningún cambio.

Martí ha censurado que, en general, la reforma limita la protección a quien quiera alquilar una vivienda y refuerza la capacidad del propietario de disponer libremente de su casa, lo que no incentiva el mercado de alquiler inmobiliario.

En primer lugar, ha explicado, porque se reducen de cinco a tres los años de duración de los contratos y porque da facilidades al arrendador para recuperar su vivienda, al rebajar, según el PSC, la indemnización que debe abonar al inquilino por rescindir el contrato y, en caso de venta de ese piso, dar facilidades al nuevo propietario para echar al ocupante. "El PP rompe el equilibrio que existía, en favor del arrendador", ha asegurado Martí.

El senador de la Entesa ha añadido que se crea además un registro de morosos, "lo que supone marginalizar de manera vil" a quienes por diversas circunstancias no puedan pagar el alquiler.

En paralelo, Carlos Martí asegura que el Ejecutivo ha lanzado un plan de vivienda, presentado el pasado viernes tras el Consejo de Ministros, que no cuenta con dotación económica a su juicio suficiente para promover el alquiler: 2.400 millones de euros frente a los 10.000 millones del plan anterior, que además se reparten entre ayudas a la rehabilitación y fomento del arrendamiento y que incluyen más limitaciones para quienes quieran acceder a ellas.

Ha asegurado que el Gobierno aspira a ayudar a 130.000 familias, según los propios datos oficiales, cuando son más de dos millones los pisos alquilados en España, según el INE y la Encuesta de Población Activa.

EL CASO ANDALUZ

Carlos Martí ha aplaudido que la Junta de Andalucía ha tomado la iniciativa de incluir las expropiaciones de inmuebles de la banca y de las inmobiliarias como medida para resolver el problema de los desahucios. El Decreto Ley de Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda se publica hoy en el Boletín Oficial de Andalucía.

"A grandes males, grandes remedios", ha resumido el senador, quien cree que esta comunidad autónoma tiene capacidad legal para aprobar una medida así como parte de su competencia exclusiva en materia de vivienda.

Martí ha explicado que una propuesta extrema como esta se debería interpretar como una forma de "presionar a las partes" para evitar los desahucios. "Que haya una espada de Damocles puede ayudar mucho", ha agregado; y ha explicado que es parecido a lo que ocurre en los municipios con la capacidad que tienen los ayuntamientos de expropiar un inmueble si está en riesgo la seguridad o la salud, una posibilidad con la que se empuja a los propietarios a intervenir.

El senador se ha mostrado también partidario de un acuerdo nacional sobre esta materia, pero ha defendido que las autonomías tomen decisiones ante la falta de un marco general de actuación. "El Gobierno no quiere un acuerdo, sino hacer lo que le dicen los bancos", ha sentenciado.