El PSOE lleva al Congreso una de sus medidas contra la corrupción mientras el PP se decide a arrancar el diálogo

Los socialistas dudan de la voluntad del Gobierno para negociar, dada su "práctica política"

Soraya Rodríguez
EUROPA PRESS
Europa Press Nacional
Actualizado: jueves, 24 octubre 2013 13:02

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE defenderá el próximo martes en el Pleno del Congreso una proposición de ley para que la Audiencia Nacional asuma la investigación y enjuiciamiento de casos de corrupción que afecten a cargos públicos, una de las recetas que los socialistas registraron a la vuelta del verano para combatir esta lacra.

La iniciativa llega al Pleno del Congreso cuando no acaba de arrancar el proceso de diálogo para la regeneración democrática que vienen prometiendo el Gobierno y el PP con el fin de pactar medidas contra la corrupción.

Ya en febrero se aprobó una moción en el Debate sobre el estado de la Nación, después se anunció que iba publicarse un informe desde el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y, finalmente, el pasado 20 de septiembre, el Gobierno acabó poniendo sobre la mesa un paquete de medio centenar de medidas que afectaba a diez leyes y que se pretendían pactar con la oposición.

Ese plan se envió a los grupos parlamentarios de la oposición y desde el Gobierno se han reconocido unos contactos iniciales con los nacionalistas de CiU y PNV, mientras que con los socialistas dicen estar esperando a que se designe un interlocutor. Eso sí, PP y PSOE tienen abierto un proceso de diálogo para cubrir los puestos del Consejo General del Poder Judicial.

DE PENSIONES, EDUCACIÓN O SANIDAD NO HABLAN

El portavoz de Economía del PSOE, Valeriano Gómez, se ha referido este jueves a la intención del Gobierno de impulsar las negociaciones sobre regeneración y se ha quejado de que, en materias importantes como las pensiones, la educación o la sanidad, el PP se muestra "incapaz de dialogar" con el primer partido de la oposición. "No hay correspondencia de la práctica política de este Gobierno con esas ahora recientes pretensiones de volver a abrir un proceso de diálogo", sostiene.

La iniciativa que el PSOE lleva el martes al Pleno del Congreso busca reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial con el fin de atribuir a la Audiencia Nacional la instrucción y el enjuiciamiento de delitos relacionados con la corrupción cuando afecten a cargos o representantes públicos.

En su proposición, que recoge Europa Press, el PSOE aboga por que la Audiencia Nacional tenga nuevas competencias y se encargue también de la instrucción y enjuiciamiento de los delitos de prevaricación, cohecho, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales y delitos urbanísticos cuando sean cometidos con participación de cargos o representantes públicos.

Además, los socialistas abogan por que el Gobierno remita al Congreso "en el plazo de tres meses" un proyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal --previo informe del Consejo General del Poder Judicial-- que incluya el establecimiento de un procedimiento preferente y sumario para el enjuiciamiento de estos delitos y un régimen especial en relación con la admisibilidad de sentencias de conformidad.

Y OTRAS TRES INICIATIVAS MAS UNA SUBCOMISIÓN

Los socialistas justifican esta iniciativa en que la persecución penal de las conductas corruptas requiere que se asegure, mediante un enjuiciamiento "ágil y eficaz" de los delitos, que no puedan producirse retrasos "injustificados" en los procedimientos judiciales, así como que los órganos judiciales competentes dispongan de medios "idóneos" para su enjuciamiento.

Además de esta proposición de ley, el PSOE registró en septiembre otras tres: reforma del Código Penal para introducir nuevos tipos delictivos, cambio en la financiación de partidos para impedir donaciones que persigan la obtención de un ilegítimo beneficio económico, y nueva ley del Tribunal de Cuentas para hacerlo más ágil y eficaz.

Y junto con estas iniciativas, el PSOE propuso crear una subcomisión parlamentaria para que estudie posibles soluciones contra la corrupción política en el plazo de seis meses --establecía como fecha límite el 31 de diciembre--.

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