PSOE, PNV, ERC y BNG, abiertos a revisar la figura de la acusación popular para evitar que se abuse de ella

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE es partidario de abrir una reflexión sobre la acusación popular, una figura que también quieren revisar para evitar el abuso que se hace de ella Esquerra Republicana y el Bloque Nacionalista Gallego. El PNV va aún más allá y apuesta por suprimirla en todos los casos, mientras que UPyD reta al Gobierno a presentar una iniciativa concreta si quiere modificar el ordenamiento jurídico en este aspecto.

Portavoces de estas formaciones han sido consultados por Europa Press al hilo de las declaraciones que en los últimos días han realizado en este sentido el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, y el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, al calor de la polémica generada por el hecho de que inicialmente se hubiera admitido a Falange como acción popular en el caso que el Supremo ha abierto contra el juez Baltasar Garzón.

Si la semana pasada era el máximo responsable del Ministerio Público el que abogaba por poner coto a lo que denominó "fiscalías paralelas", ayer Caamaño pedía también abrir una reflexión sobre esta figura porque, a su juicio, es difícil explicar "cómo alguien puede tener la iniciativa de ejercer una acción penal sin ser víctima del delito". El pasado viernes, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega no entró a valorar este extremo alegando que estaba ligado a una causa judicial abierta.

El portavoz socialista en la Comisión de Justicia del Congreso, Julio Villarubia, respalda la apertura de este debate para intentar frenar la, a su juicio, constatada "utilización abusiva de la acción popular". En concreto, muestra su preocupación por el hecho de que, "haciendo casi un fraude de ley", se mantengan acusaciones "con absoluta falta de rigor y no defendiendo principios ni valores constitucionales".

En la misma línea se pronuncia el portavoz de ERC, Joan Ridao, quien anima al Gobierno a plantear esta cuestión en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) que Justicia se ha comprometido a enviar al Congreso cuando concluya la tramitación del nuevo Código Penal. Ridao defiende la conocida como 'doctrina Botín', por la que sólo el fiscal, en defensa de la legalidad, y las acusaciones particulares de las partes perjudicadas pueden intervenir en un proceso.

SE HUBIERA EVITADO 'EGUNKARIA'

A su juicio, poniendo límites a la acción popular se evitarían casos como el de 'Egunkaria', en el que la Fiscalía no apreció delito, pero se mantuvo el proceso a causa de las acusaciones populares que ejercieron la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Plataforma Dignidad y Justicia. Los acusados en este caso acaban de ser absueltos por la Audiencia Nacional. Según Ridao, si se acotara la acción popular también se dificultaría que determinados grupos tratasen de "judicializar" la vida política.

De una opinión similar es el portavoz del BNG en el Congreso, Francisco Jorquera, quien es partidario de que no participen en los procesos judiciales personas o colectivos que nada tienen que ver con las víctimas y que no contribuyen a su protección.

Aún más lejos va el portavoz de Justicia del PNV, Emilio Olabarría, quien reclama directamente que se suprima la figura de la acción popular, que, según explica, no existe en otros países de nuestro entorno, y de la que abusan personas que carecen de conexión alguna "con las víctimas o con los comitentes de los delitos" y que actúan con "intereses difusos, polémicos o discutibles".

FILTRAR SUMARIOS SECRETOS

En este sentido, comentó que se han dado bastantes casos en los que alguien se ha presentado como acción popular con el único objetivo, por ejemplo, de tener acceso a sumarios secretos para filtrarlos a los medios de comunicación, con el consiguiente perjuicio para los encausados. "La tutela judicial efectiva está perfectamente garantizada con la acción del Ministerio Fiscal en cumplimiento de su fin de defensa de la legalidad y con la posibilidad de la legítima acción penal privada", resumió Olabarría.

Por su parte, la diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, retó al ministro de Justicia a plantear una reforma concreta en la Ley de Enjuiciamiento Criminal si quiere revisar la actual acción popular y arremetió contra Conde Pumpido por criticar las "fiscalías paralelas" cuando, a su juicio, la que el dirige se ha convertido en la más paralela y política que existe.