MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -
El PSOE defiende que su propuesta de reforma del Código Penal para endurecer la persecución de los delitos por corrupción va más allá de lo aprobado por el PP, que considera "insuficiente" y, por eso, defiende que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, "miente" al decir que el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, ha prometido medidas que ya están en marcha.
Fuentes socialistas han explicado a Europa Press que la propuesta de los socialistas es "más ambiciosa" que la modificación del Código Penal, que, efectivamente, ha introducido el decomiso de bienes en posesión de terceros.
Durante una reunión con los diputados socialistas en la Asamblea de Madrid, el líder de los socialistas ha recordado su compromiso de que, si Gobierna, impulsará una reforma del Código Penal para que los condenados por corrupción paguen con su patrimonio y con el que hayan podido esconder a nombre de terceros.
Catalá ha respondido poco después que la reforma que acaba de entrar en vigor ya amplía el decomiso a terceros para que "la persona que sea condenada por delitos de corrupción no pueda poner de ninguna manera a nombre de terceros o sacar de su patrimonio el fruto del delito" y ha acusado a Sánchez de desconocer la normativa.
Sin embargo, el PSOE sostiene que su objetivo es hacer "una fórmula mucho más concreta que evite la práctica de eludir la responsabilidad" y pretende facilitar la acción de la justicia para investigar esas situaciones e impedir la ocultación patrimonial.
Según las fuentes consultadas, la reforma del Gobierno vincula el decomiso de los efectos del delito sólo en algunos supuestos delictivos que no abarcan todas las manifestaciones de corrupción como, por ejemplo, la prevaricación y la apropiación indebida vinculada con el ejercicio de un cargo público.
CON BIENES PRESENTES Y FUTUROS
El PSOE quiere además que el condenado por corrupción haga frente a sus responsabilidades "no sólo con los bienes patrimoniales obtenidos por el delito, sino con todos sus bienes patrimoniales presentes y futuros".
También pretende que los familiares o allegados de los encausados y condenados estén obligados a hacer frente a esa responsabilidad cuando "por signos externos se aprecien indicios de que han experimentado un incremento patrimonial desproporcionado con respecto a los ingresos que estos hayan podido obtener legalmente".
En este caso, quieren permitir que el juez o el tribunal pueda llevar a cabo las investigaciones oportunas para determinar el origen de dicho patrimonio y adoptar las medidas que en su caso procedan.
Estos cambios fueron presentados por el Grupo Parlamentario Socialista en forma de enmiendas durante la tramitación de la reforma del Código Penal, pero fueron rechazados por la mayoría absoluta del PP.
