MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) - "Celebrar elecciones es el objetivo, lo quiere la mayoría, el sentido común y se trata de abrir nueva etapa en la que la ley se respete, los derechos de la gente se preserven y la convivencia y el bienestar de las personas", ha argumento el jefe del Ejecutivo. En este punto, Mariano Rajoy ha querido dejar claro que la Administración de la Generalitat de Cataluña, de acuerdo con el artículo 71 del Estatuto, continuará funcionando como la administración ordinaria que ejercer las funciones que se le atribuyen en el mismo. No obstante, lo hará bajo las directrices de los órganos o autoridades que el Gobierno designe, que en principio serán los ministerios. Al ser preguntado si habrá una intervención de los medios públicos de comunicación, Rajoy ha explicado que las funciones que tenía la Generalitat sobre éstos pasarán a tenerla los nuevos gestores. Ésta tampoco podrá ejercer el control de los órganos que gobiernen provisionalmente Cataluña --que corresponderá al organismo que designe el Senado--, ni podrán adoptar iniciativas contrarias a la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Además, sobre las resoluciones que se adopten, el Gobierno tendrá 30 días para ejercer su derecho de veto. Tras anunciar las principales medidas que se llevarán a cabo, el presidente del Gobierno ha querido dejar claro que esta intervención "no suspende la autonomía, ni el autogobierno", sino que se cesa a los que "han puesto ese autogobierno fuera de la ley". Rajoy, quien ha pedido que no se vayan más empresas, ni depósitos porque "esto se arreglará y sin más daño para nadie", ha señalado que la aplicación del artículo 155 de la Constitución sólo se puede paralizar si el Senado no lo aprueba, respondiendo así a la pregunta de si una convocatoria electoral por parte de Carles Puigdemont puede paralizar esta actuación. Así, se ha mostrado convencido de que se ha llegado a esta situación por un "proceso unilateral" del Gobierno catalán, que ha sido "contrario a la ley" y ha "buscado el enfrentamiento". De hecho y tras recordar los hitos más graves en que han incurrido los independentistas --con las leyes de ruptura aprobadas los días 6 y 7 de septiembre y el pleno del 10 de octubre-- ha señalado que las instituciones catalanas "no respondieron (a su requerimiento) porque no quisieron". Y después de ver cómo se han desarrollado los acontecimientos, su "convicción" es que "algunos querían que se llegara a esta situación, que se aplicara el 155". En este sentido, ha vuelto a reiterar que "no se pueden hacer peor las cosas" incluso para "los propios intereses de quienes las hicieron". Rajoy también ha asegurado que el Gobierno "ha tenido" que aplicar el artículo 155 a pesar de que ni era su deseo, ni su intención. "No lo fue nunca", ha exclamado. Tras precisar que esta herramienta legal sólo se aplica "en circunstancias excepcionales", ha justificado su utilización porque "ningún gobierno puede aceptar que se ignore la ley" y se cambie para ésta para "imponer el criterio a los demás". Los objetivos que se persiguen con la aplicación de este artículo constitucional que también figura en otras constituciones europeas, según ha dicho, son cuatro: volver a la legalidad; recuperar la normalidad y la convivencia; continuar con la recuperación económica que hoy está en evidente peligro por las decisiones "caprichosas y unilaterales" que se han adoptado y celebrar elecciones. En este sentido, ha advertido que la secesión implicaría la salida de Cataluña de la UE, la imposición de aranceles y el control de fronteras, las entidades financieras dejarían de estar bajo el paraguas de la UE y habría una contracción del crédito, que ya se está produciendo. En resumen, la independencia empobrecería Cataluña entre el 25 y el 30 por ciento del PIB.
