Reactivar los casos 'Leire' y 'Plus Ultra' y resolver la 'ley de nietos' y la amnistía, próximas tareas de la Justicia

MADRID 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La actividad en los tribunales tras el paréntesis estival tendrá uno de sus focos principales en la Audiencia Nacional, que reactivará los casos 'Leire Díez' y 'Plus Ultra' con interrogatorios de investigados, pero también en el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, donde está pendiente una vista para decidir la adaptación o no de medidas cautelares por la llamada 'ley de nietos' y el estudio de recursos relacionados con la ley de amnistía, respectivamente.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz retomará las diligencias del 'caso Leire Díez' el 9 de septiembre, con las citaciones de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y de Ismael Oliver, exabogado del exasesor ministerial Koldo García, para declarar como investigados sobre la presunta trama para desbaratar las causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE, que habría liderado el exdirigente del PSOE Santos Cerdán y coordinado la exmilitante socialista.

Pedraz, ya a cargo de toda la causa después de que el primer instructor del caso, Arturo Zamarriego, acordara remitirle su parte de la investigación, apuntó a la responsabilidad indiciaria de la gerente del PSOE al menos como supuesta cómplice y, en todo caso, como presunta autora del delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señaló en un informe que Fuentes, como gerente del partido, "habría sido la persona encargada, con la intermediación de Díez y bajo las directrices de Cerdán, de falsear dos notas de encargo profesional": una con el despacho de abogados vinculado a Oliver, y otra con Jacobo Teijelo, letrado de Cerdán.

TURNO DEL EX DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL

Por su parte, la UCO sospecha que el PSOE usó empresas de Ismael Oliver y del exdirigente andaluz Gaspar Zarrías para pagar 43.225 euros a Díez, interponiendo varias sociedades "para hacer llegar fondos a Leire con origen en el partido".

El 10 de septiembre será el turno del ex director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, que fue citado en el marco de la investigación que indaga si agentes del cuerpo habrían recibido presiones para "ponerse de perfil" en la investigación judicial que afectaba a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por un presunto caso de irregularidades en su contratación en la Diputación de Badajoz.

Por ahora, el magistrado no ha decidido la fecha del interrogatorio como investigado de Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE.

El instructor está esperando a un informe de la UCO a partir del contenido del teléfono de Serrano. Esta semana, la Audiencia Nacional clonó por segunda vez su móvil después de que la defensa de Serrano intentara anular esa diligencia, puesto que el primer volcado se realizó sin que estuviera presente un abogado del exjefe de gabinete de Sánchez.

EL PRESIDENTE Y EL CEO DE PLUS ULTRA, CITADOS EL 7 DE SEPTIEMBRE

Por su parte, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el 'caso Plus Ultra', ha citado a declarar como investigados al presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, y al CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, para el 7 y 8 de septiembre, respectivamente.

En esta causa, el instructor investiga a Zapatero como presunto líder de una red de tráfico de influencias que habría obtenido beneficios económicos a cambio de su mediación en el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea durante la pandemia.

Mediante dos escritos de idéntico contenido, ambos directivos expresaron que la aerolínea pagó "elevadas cantidades de dinero" al empresario Julio Martínez Martínez, socio del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, por la presunta mediación del exlíder socialista en la concesión del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea en 2020.

El magistrado Calama tiene pendiente concretar la fecha de las citaciones como investigadas de las hijas de Zapatero, Alba y Laura Rodríguez, y de la secretaria del expresidente socialista, Gertrudis Alcázar.

Asimismo, en la Audiencia Nacional también están pendientes las sentencias de dos de los juicios más mediáticos del año que quedaron vistos para sentencia antes del parón del mes de agosto: el de la 'Operación Kitchen', el nombre por el que se conoce al presunto espionaje para robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas, y el del supuesto enriquecimiento ilícito de la familia Pujol.

EL SUPREMO, EL CONSTITUCIONAL Y LA APERTURA DEL AÑO JUDICIAL

Por otro lado, el Tribunal Supremo tiene su primera cita destacada el próximo 7 de septiembre, cuando celebrará una vista oral y pública para analizar las medidas cautelares solicitadas por la organización Iustitia Europa y Vox, que pidieron la suspensión cautelar de las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) vinculadas a la 'ley de nietos', que concede la nacionalidad española a los descendientes de los exiliados, por sus "efectos electorales".

Por su parte, el Tribunal Constitucional comenzará el próximo 22 de septiembre a estudiar los recursos de amparo presentados por dirigentes del 'procés' contra la negativa del Tribunal Supremo a aplicarles la ley de amnistía, después del aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la medida de gracia.

La corte de garantías comenzará con el recurso de amparo interpuesto por el secretario general de Junts, Jordi Turull, y continuará en plenos posteriores con las impugnaciones del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva y Dolors Bassa.

El 10 de septiembre, el rey Felipe VI presidirá la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo, que contará con las intervenciones de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, y la fiscal general del Estado, Teresa Peramato.

De hecho, será el primer acto de apertura del año judicial de Peramato como jefa de la Fiscalía General del Estado, después de asumir el cargo en diciembre de 2025 tras la renuncia de su predecesor, Álvaro García Ortiz, que dimitió tras ser condenado a dos años de inhabilitación por filtrar datos de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.