Reguant niega desobediencia y dice que habría respondido las preguntas de Vox si las hubiese hecho Marchena

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La portavoz de la CUP en el Parlament, Eulàlia Reguant, ha negado este miércoles haber cometido un delito desobediencia al negarse a contestar a las preguntas de la acusación popular de Vox durante el juicio del procés, donde compareció como testigo en febrero de 2019, y ha asegurado que habría respondido a las preguntas de la formación si las hubiese hecho el presidente de aquel tribunal, el magistrado Manuel Marchena.

Así se ha pronunciado la dirigente en el marco del juicio que se ha celebrado este miércoles en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en su contra por un presunto delito de desobediencia grave a la autoridad. Reguant, que se enfrenta a una pena de cuatro meses de prisión e inhabilitación, ha declarado en catalán y ha sido asistida por una intérprete que ha estado a cargo de la traducción simultánea.

La diputada de la CUP, que se ha acogido a su derecho a no responder a las preguntas de la Fiscalía, se ha limitado a contestar al interrogatorio de su abogado, Daniel Amelang. En menos de 10 minutos, ha hecho un repaso de los hechos que tuvieron lugar en el Supremo durante el juicio del procés.

La dirigente ha explicado que no quiso contestar a las preguntas de Vox porque hubiese sido "legitimar a los que van en contra de las políticas de género", que, además, son "xenófobos" y "machistas". "Y eso va contra mis principios", ha subrayado.

Al hilo, Reguant ha asegurado que si el tribunal le hubiera dado la oportunidad de vehicular las preguntas de Vox a través de Marchena "sí habría respondido" a las preguntas. En este sentido, su defensa ha indicado que la dirigente no se oponía a colaborar con la Justicia, porque habría estado dispuesta a contestar al tribunal.

LA MULTA PREVIA

El abogado de Reguant ha solicitado al tribunal una sentencia absolutoria y ha recordado que la dirigente ya fue sancionada por el Supremo en 2019 y que ésta pagó la multa de 2.500 euros "a fin de depurar posibles responsabilidades".

Así las cosas, la defensa ha insistido en que no se puede condenar a Reguant por desobediencia por lo ocurrido durante el juicio del procés porque ya pagó una multa por ello. Según ha explicado, si la diputada resulta condenada se vulneraría el principio 'non bis idem', un derecho fundamental que establece que una persona no puede ser sancionada dos veces por los mismos hechos.

La Fiscalía ha desestimado estos argumentos de la defensa y ha asegurado que la multa y la acusación son "dos medidas concatenadas pero distintas", por lo que no ve vulneración alguna de derechos. Así, ha destacado que, aún cuando se ha pagado el importe requerido, si se persiste en la negativa se persigue el delito de desobediencia.

"UN PERJUICIO MORAL"

En el marco de la sesión de este miércoles, el letrado también ha defendido que con el procedimiento penal que se sigue contra la diputada se vulnera su derecho a la libertad ideológica y libertad de expresión. Sobre este respecto, la Fiscalía ha asegurado que
"todas las libertades tienen unos límites" y ha recordado que Vox era "parte legítima" en el juicio del procés, por lo que los testigos estaban obligados a contestar a sus preguntas.

La defensa, sin embargo, ha insistido en que "no se puede obligar a una testigo a contestar a unas preguntas que puedan causarle un perjuicio moral". A su juicio, se trata de "un límite claro" al principio de autoridad.

Ha recordado que la dirigente puso de manifiesto su discrepancia con la presencia de Vox como acusación popular en el juicio del procés. "Tal era el perjuicio moral, que dijo que estaba dispuesta a asumir las consecuencias", ha dicho a la vez que ha incidido en que se trataba de "una objeción de consciencia".

El letrado ha incidido en que Reguant "creía fervientemente" en que responder a las preguntas de Vox "podía suponer un menoscabo en su dignidad". Y ha reprochado que Marchena, como presidente de aquel tribunal, no indagara en dicho perjuicio ni ofreciera una "fórmula alternativa", como sí hizo con el también dirigente de la CUP Antonio Baños, que fue citado a declarar en el juicio como testigo y se le ofreció vehicular las preguntas de Vox a través del tribunal.

"No era competencia del Supremo formular una orden que pudiera ocasionar un perjuicio moral sin indagar en ello", ha reiterado el abogado, que ha considerado que la acusación de la Fiscalía "resulta desproporcionada" porque, según ha subrayado, la ley hace referencia al testigo que se niegue a declarar, "no al que ponga trabas".

DICE QUE MARCHENA NO LE ADVIRTIÓ QUE INCURRÍA EN DELITO

"No estamos ante una conducta de desobediencia grave, si acaso leve", ha dicho tras subrayar que, además, a Reguant no se le advirtió de las consecuencias de su actuación, ni se le avisó que tras la multa habría un proceso penal en su contra.

La Fiscalía, por su parte, ha insistido en que Reguant "era consciente de que no podía hacer lo que estaba haciendo". Sobre la posibilidad de que Marchena realizase las preguntas que pretendía hacer Vox, el fiscal Carmelo Quintana ha señalado que "no se pueden imponer fórmulas al tribunal".

Este miércoles, Reguant ha hecho uso de su derecho a la última palabra, aunque el presidente del tribunal ha tenido que interrumpirle para que se ciñera a los hechos enjuiciados. "No se trata de que haga un alegato político", le ha dicho.

La diputada ha insistido en que, "más allá de un ejercicio individual", su negativa sirvió para expresar una "voluntad colectiva". "Aceptar la presencia de Vox denota que era imposible obtener justicia con ese tribunal y en ese procedimiento. Aceptar a Vox era un elemento más del engranaje represivo del Estado", ha dicho.

"Actuamos en conciencia y defendemos que el fascismo no puede estar en una sociedad justa. Este es el argumento para hacer lo que hicimos", ha añadido.

Este juicio estaba fijado para los pasados 1 y 2 de marzo, pero el primer día se suspendió después de que el tribunal estimase una cuestión previa de la defensa al entender que se había podido producir un error en la tramitación de la causa. La defensa sostuvo ese día que se había dado una vulneración de los derechos procesales toda vez que un juzgado madrileño abrió juicio oral sin ser competente para ello, ya que por la condición de aforada de Reguant el caso correspondía al Supremo.

Aunque en un principio la Fiscalía pedía una pena de seis meses de prisión e inhabilitación, al final el Ministerio Público ha solicitado cuatro meses de prisión e inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo, así como una condena en costas.

"DERECHO A DISENTIR"

A la salida del juicio, en declaraciones a la prensa, Reguant ha defendido su decisión de no responder a las preguntas de Vox durante el juicio del 'procés', explicando que es la misma postura que ha mostrado este miércoles al ratificar su "derecho a disentir".

"Yo me he reafirmado en el derecho a disentir cuando se acaba provocando o lo que se permite es una vulneración clara de los derechos fundamentales", ha dicho. Al hilo, Reguant ha indicado que le gustaría pensar "que el Supremo acepta la objeción de conciencia y la libertad de conciencia", si bien ha añadido que no es previsible. "Veo más una condena que una absolución", ha sostenido.

Por otro lado, ha agradecido a las personas que le han mostrado su apoyo de cara a este juicio, interpretándolo como "una expresión más de la lucha antifascitas en los países catalanes". "Si defendemos la democracia lo que debemos hacer es articular la lucha antifascista, (...) porque le antifascismo es la base de cualquier sociedad democrática y eso es lo que queremos defender, más allá de lo que le tribunal acabe decidiendo", ha concluido.