Responsables de compliance de Iberdrola avalan la facturación con Villarejo pero dicen que no hicieron control de fondo

Archivo - Entrada a la Audiencia Nacional en el momento en el que dos miembros del ente público ICM han sido testigos sobre la supuesta financiación ilegal del PP madrileño en Púnica, a 7 de octubre de 2021, en Madrid, (España). La Fiscalía Anticorrup
Archivo - Entrada a la Audiencia Nacional en el momento en el que dos miembros del ente público ICM han sido testigos sobre la supuesta financiación ilegal del PP madrileño en Púnica, a 7 de octubre de 2021, en Madrid, (España). La Fiscalía Anticorrup - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo
Publicado: jueves, 21 abril 2022 18:31

Ratifican los informes donde aseguran que todo se gestionó conforme al protocolo interno

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las responsables de cumplimiento normativo de Iberdrola Renovables y de Iberdrola, María José Sanz y Dolores Herrera respectivamente, han avalado este jueves ante el juez del 'caso Villarejo' que la facturación de la compañía con el comisario jubilado fue correcta aunque han admitido que no realizaron un control de fondo de las mismas.

Fuentes jurídicas han señalado a Europa Press que, en su declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, que se ha extendido por algo más de tres horas, sendas trabajadoras han ratificado sus respectivos informes en los que se concluía que la contratación se gestionó conforme al protocolo interno.

Sanz y Herrera elaboraron sendos informes después de que las actividades privadas del comisario hubieran salido a la luz y comenzaran a investigarse por la vía judicial, por lo que, conforme han subrayado, se encargaron de hacer una revisión 'a posteriori'.

La función de ambas empleadas habría sido meramente la revisión formal de las facturas. Y las mismas eran correctas porque llevaban las firmas del entonces director de Control de Funciones Corporativas de Iberdrola, José Antonio del Olmo, y del jefe de Seguridad, Antonio Asenjo, han dicho.

Además, ambas habrían coincidido en señalar que si no hicieron un análisis más pormenorizado es porque no tenían forma de hacerlo. En concreto, porque archivos como los correos o informes se borraban del sistema de la empresa a los 18 meses, lo que imposibilitó acceder a algunos de los mismos.

Este extremo ha llamado la atención del magistrado que ha puesto de relieve el hecho de que los documentos desaparecieran coincidiendo con el inicio de la investigación judicial en la Audiencia Nacional. En este punto, la responsable de Iberdrola ha defendido que no era casualidad, sino que son los estándares europeos los que establecen que se pueda limpiar el sistema pasado un tiempo entre 18 y 24 meses.

NO SE REALIZARON VERIFICACIONES SOBRE CENYT

La responsable de cumplimiento normativo de Iberdrola, que de acuerdo con dichas fuentes ha sido más precisa en su testimonio, ha señalado que su función fue tratar de recopilar datos para indagar en las facturas y contrataciones con CENYT, el grupo empresarial de Villarejo.

Herrera ha reconocido que no pudieron investigar los conceptos que figuraban en las facturas con Villarejo y que únicamente disponían de lo que constaba en el informe forensic. Según ha explicado, Asenjo le aseguró en una reunión que mantuvieron en 2018 que los conceptos se correspondían con los servicios que habían sido prestados.

A este respecto, Herrera se ha referido al hecho de que algunas de esas facturas fuesen sin pedido. Desde cumplimiento normativo asumieron que, si se hizo de esa forma, era por motivos de seguridad y para mantener la confidencialidad, por lo que dieron por buenas las explicaciones del propio Asenjo.

Por su parte, Sanz ha reconocido que desde su departamento no se realizaron verificaciones acerca de CENYT porque la compañía estaba dada de alta como proveedor en el sistema desde el año 2004.

Las comparecencias de Sanz y Herrera ponen fin a una nueva tanda de declaraciones por esta pieza separada de 'Tándem' donde se investigan los supuestos encargos ilícitos que Iberdrola habría hecho al comisario desde 2004 y por los que éste se habría embolsado más de un millón de euros.

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