MÁLAGA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, ha negado que tuviera una influencia decisiva sobre la entonces alcaldesa Marisol Yagüe, también acusada en el caso 'Malaya', en general y con respecto a asuntos relacionados con el urbanismo de la localidad, aunque ha reconocido que él era su asesor personal en esos temas.
Roca ha terminado este martes su declaración en cuanto a la Fiscalía Anticorrupción, que lo ha estado interrogando durante nueve sesiones respecto al dinero que cobró de empresarios y los pagos a exediles, y ha comenzado a contestar a las preguntas del Ayuntamiento marbellí, intentando dejar claro que no tenía el control sobre todo lo que ocurría a escala municipal.
Preguntado si su influencia sobre Yagüe era decisiva en cuanto al urbanismo, ha dicho que "eso es tanto como decir" que él era el alcalde, "que es lo que viene a decir la Policía". "Eso es tanto como decir, si vamos rizando el rizo, que el reciente ganador de las elecciones, como tiene influencia sobre la alcaldesa de Marbella y además es presidente del partido, al final quien ejerce de alcalde es el señor Rajoy", ha agregado.
"Evidentemente, no, yo asesoro y la alcaldesa es la alcaldesa", ha apuntado el presunto cerebro de la supuesta trama de corrupción, quien ha incidido en que él era asesor para los temas relacionados con el plan general, lo que "no quiere decir que no le diera cualquier tipo de consejo que me pidiera". Ha negado, igualmente, que interviniera en que Yagüe asumiera el Área de Urbanismo en lugar de mantenerla otro exedil.
Previamente, se había reproducido una conversación telefónica de enero de 2006 entre Roca y Yagüe, intervenida por la Policía, en la que hablan de problemas entre miembros del equipo de gobierno con la entonces también primera teniente de alcalde Isabel García Marcos. Roca le dice a Yagüe que ha hablado del tema con otros ediles.
Asimismo, la exregidora reconoce en esa llamada estar "cansada de tanto" y Roca le recomienda que de cara a las próximas elecciones reflexione qué quiere hacer. "Si quieres lo hablamos mañana, pero decidido lo tengo, pero de todas formas voy a hacer siempre lo que tú veas conveniente", le responde Yagüe.
"UNA CAPACIDAD TREMENDA"
Asimismo, ha negado también que se le diera cuenta de las causas judiciales en las que el Ayuntamiento estaba inmerso, insistiendo en que es "falso" que tuviera comunicación diaria sobre estos casos. "Por supuesto que no, usted me da a mí una capacidad tremenda, llevo 50 sociedades, controlo a 100 imputados que hay aquí de alguna forma más o menos, mire usted, letrado, le juro que no", ha indicado.
También ha rechazado intervención en la negociación con Portillo para obtener la concesión del servicio de autobuses, algo que ha atribuido al exconcejal fallecido Victoriano Rodríguez. Así, se ha reproducido una conversación con Yagüe en la que interviene dicho edil y hace alusión a dinero y a Portillo, aunque Roca le dice "no me hables por teléfono". Ha dicho no saber a qué se refería, indicando que Rodríguez sí pidió dinero "para el Ayuntamiento y para invertir".
Otra conversación escuchada en esta sesión es con el entonces exsecretario municipal, Leopoldo Barrantes, también acusado, en la que se aborda el convenio con esa empresa y el informe redactado por el entonces fedatario público. En un momento de la charla, Roca dice que le eche "un vistazo para ver si hay que modificarlo", a lo que el exsecretario responde que "se le pone un traje".
SOBRE LOS CONCEJALES Y GIL
El principal acusado ha vuelto a asegurar que en materia de urbanismo el exalcalde Jesús Gil "decidió no firmar ni hacer absolutamente nada y ponía a los concejales delante como escudo para hacer su política", algo que, según ha dicho, "pasó desde el año 91 hasta que en 2002 fue inhabilitado". "Todas las personas que integraron el grupo GIL tenían claro que quien daba las órdenes era él", ha reiterado.
Sobre el otorgamiento de licencias y por qué los concejales resultaron imputados, Roca ha explicado que Gil, con su asesor jurídico José Luis Sierra, reunió a los ediles "y les dijo: lo que estáis otorgando con arreglo a la revisión del plan general es legal, ésta es la legalidad y nunca iréis a ningún tribunal ni seréis condenados".
Ha apuntado que en ese momento "ni la judicatura ni la Junta de Andalucía arrojaron mucha luz" y ha precisado que entre 1994 y 1998, estos ediles "habían dado más de 300 licencias con arreglo a la revisión"; además de que en ese último año, cuando se produce la resolución de la comisión provincial de Urbanismo "tan ambigua", Gil "en un pleno le dice a toda España que a partir de ese momento el único plan vigente es la revisión del 98 y el plan del 86 no existe".
Ha negado haber tenido intervención en la concesión de licencias. "Soy responsable de mis actos y mis actos son negociar convenios, no me haga responsable de lo que no soy, porque se me están archivando procedimientos y nunca he sido condenado por dar licencias", ha incidido el principal acusado.