Un Observatorio privado sobre la justicia alerta de que hacen faltan 750 jueces para acabar con la "justicia interina"
MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando De Rosa, reclamó hoy al Gobierno una ley de modernización de la Justicia "que sea consensuada con todos los operadores jurídicos" y que no de la espalda a la sociedad", ya que de otro modo esta esperada reforma "está abocada al fracaso".
De Rosa Hizo estas consideraciones durante la presentación del Observatorio de la Actividad de la Justicia, impulsado por la fundación Wolters Kluwer, que pretende analizar semestralmente la situación de la Justicia en España mediante unos indicadores permanentes (tales como la carga de trabajo en los juzgados y los porcentajes de sentencias confirmadas), que permitan analizar su evolución y efectuar propuestas de mejora, y que está dirigido por el ex vocal del Consejo y magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López.
De Rosa insistió durante su intervención en que el Consejo "va a estar trabajando activamente en la reforma de la Justicia", una labor en la que el órgano de gobierno de los jueces "no es un actor invitado, sino principal, junto con el Ministerio y las comunidades autónomas" con competencias en este ámbito. Dijo también que el CGPJ no quiere que la palabra "modernización" pueda utilizarse como "una pantalla para no hacer nada o hacer simples reflexiones".
"Hay que pasar a la acción", agregó el vicepresidente, que pretende que "la justicia sea valor para el ciudadano" al igual que actualmente lo son otras materias como la educación, la sanidad o el medio ambiente.
PRIMEROS DATOS
Por su parte, Enrique López explicó el funcionamiento del observatorio (que funciona con 10 indicadores sobre la actividad de la justicia, al modo de los indicadores económicos que se aplican a sistemas financieros) y detalló los primeros datos del mismo, aplicados al año 2007 y primer semestre de 2008. Los índices se calculan con datos oficiales del propio Consejo del Poder Judicial. Así, se señala que el indicador de juzgadores necesarios en relación a las cargas necearios pone de manifiesto una carencia de 736 jueces y magistrados en 2007 y una necesidad de 605 nueves jueces en el primer semestre de este año. La diferencia numérica tiene que ver con la creación durante el pasado ejercicio de 130 nuevas plazas de jueces, lo que ha contribuído a mejorar algo la actual situación, según López.
Otro de los indicadores, relativo a la "justicia interiona", se refiere al número de sentencias dictadas por juzgadores que no son miembros de la Carrera Judicial, que fueron un 17 por ciento del total el pasado año. Las tasas de este indicador demandan el incremento de 750 jueces de carrera en la Planta Judicial para conseguir que el 100 por cien de las sentencias sean elaboradas por profsionales de carrera.
El resto de indicadores son el de carga de trabajo en los órganos judiciales (la peor se da en los Juzgados de lo Mercantil y la mejor en las Salas de lo Civil y Penal de los tribunales superiores de justicia); el porcentaje de sentencias que obtienen firmeza en apelación ( el 75,71 por ciento durante el primer semestre de este año); el indicador de casación (un 88,64 por ciento de los recursos ante el Tribunal Supremo fueron desestimados entre enero y junio de este año); la adecuada duración de los procesos, el cumplimiento por los jueces de sus módulos mínimos de producción, la capacidad de ejecución efectiva de las resoluciones (que se situó en un 50,28 por ciento durante el primer semestre de 2008), la cobertura de la planta judicial y la comparación interanual de plazos de resolución de los asuntos.
Teniendo en cuenta todos estos indicadores, durante 2007, y en una escala de 0 100, el indice global de la actividad judicial en España se situó en un 73,01 por ciento, y en el primer semestre de 2008 este porcentaje es del 69,83 por ciento, según los promotores de este Observatorio, que también proyecta hacer encuentas entre profesionales de Derecho, realizar investigaciones sociales y hacer públicas sus conclusiones de forma periódica mediante jornadas públicas de debate.
